La Junta de Supervisores del Condado de San Diego votó unánimemente el martes para emprender acciones legales contra las corporaciones que los demandantes afirman son responsables de la crisis de contaminación por aguas residuales en el Valle del Río Tijuana.
Los supervisores votaron sobre la medida, propuesta por Terra Lawson-Remer y Nora Vargas, después de escuchar una presentación del personal sobre los esfuerzos del condado para ayudar a los residentes afectados por la contaminación.
Según un comunicado de la oficina de Lawson-Remer, el asesor legal del condado cada 90 días "debe presentar a la Junta de Supervisores actualizaciones y oportunidades disponibles para emprender demandas contra cualquier parte potencialmente responsable por los daños causados al Valle del Río Tijuana, el Estuario y la Reserva Marina, y los vecindarios circundantes.
"Según la política, las opciones deben incluir, pero no se limitan a la Ley de Agua Limpia, la Ley de Aire Limpio, la Ley de Especies en Peligro de Extinción, la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos," dijo la oficina de Lawson-Remer.
La semana pasada, Lawson-Remer se unió a un grupo de residentes de Imperial Beach que han demandado a Veolia Water Operating Services y Veolia Water North America-West, entidades que operan la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay.
"La crisis de aguas residuales del Río Tijuana es un problema regional crítico y una crisis ambiental para todo nuestro condado. Las comunidades costeras que represento están fuertemente afectadas," dijo Lawson-Remer mientras hablaba con los demandantes.
La medida no es sin precedentes, ya que el condado demandó con éxito a los fabricantes de opioides por más de $100 millones, y está en proceso de demandar a una empresa de armas fantasmas.
Veolia, una empresa francesa, también estuvo involucrada en la crisis del agua de Flint, Michigan, y ha estado en litigios por otras crisis de salud pública en Oklahoma, Pensilvania y Colombia.
En un comunicado, Veolia describió las acusaciones como "sin mérito" y dijo que la mayoría de las aguas residuales y los olores y la contaminación asociados provienen de Tijuana y no ingresan a la planta de tratamiento de aguas residuales.
Durante el comentario público el martes, un funcionario de Veolia le dijo a la junta que era injusto culpar a su empresa por la crisis de aguas residuales.
"Nadie puede operar adecuadamente una planta de tratamiento de aguas residuales cuando la inundación rompe bombas, rompe equipos, llena los tanques", dijo Adam Lisberg, un vicepresidente senior de comunicaciones externas. "Atacar a nuestra empresa es una distracción de las verdaderas causas raíz de las que todos hemos escuchado aquí."
Un gerente de planta instó a los supervisores a visitar la instalación. "Por favor, vengan a ver lo que hacemos", dijo. "Llevamos años en esto."
Una mujer que se identificó como empleada del condado dijo que no era sorprendente que la crisis hubiera "afectado áreas desatendidas, haciendo que la respuesta del condado sea más crítica".
"Cuanto más ruido hace la rueda que chirría, más aceite recibirá", dijo, agregando que los contaminadores deben rendir cuentas.
"No es solo un trabajo federal, es el condado el que necesita hacer más ruido", dijo.
Vargas, presidenta de la junta, dijo que el condado ha estado trabajando para poner fin a la crisis de contaminación, y agregó que México también está haciendo su parte en cuanto a mejorar la planta en Baja California.
"Esto no es algo que estemos tomando a la ligera", dijo Vargas.
Lawson-Remer, vicepresidenta de la junta, dijo el martes que el problema de las aguas residuales en la frontera también es un asunto regional; incluyendo en ciudades del norte del condado como Carlsbad.
Según Lawson-Remer, en 2017, el condado estaba "preparándose para emprender acciones legales por las violaciones de aguas residuales que ahora están siendo señaladas por los residentes de Imperial Beach, pero la junta de supervisores anterior optó por la inacción en su lugar", dijo.
"Es un nuevo día en el condado de San Diego", dijo Lawson-Remer. "El peso del gobierno del condado uniéndose con nuestros residentes ayudará a impulsar la responsabilidad y la acción por parte de las entidades que están violando el derecho de las personas a tener aire, agua y playas limpias."
Recientemente, el Ayuntamiento de San Diego aprobó una resolución solicitando una emergencia nacional respecto al desbordamiento de aguas residuales en la frontera. El consejo había aprobado 31 años de extensiones consecutivas de un estado de emergencia local sobre la situación.
El consejo declaró por primera vez un estado de emergencia debido a la contaminación — que va desde aguas residuales sin tratar hasta escorrentía industrial — en 1993. Imperial Beach emitió una declaración similar en 2017, seguida por el condado en 2023.
Desde octubre de 2018, la sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas ha catalogado más de 200 mil millones de galones de desechos tóxicos que ingresan a los Estados Unidos a través del Valle del Río Tijuana.
Según un documento de la ciudad sobre la resolución del martes, la comisión ha gastado solo $4 millones de los $40 millones asignados para el mantenimiento de infraestructura en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Internacional de South Bay, que está averiada.
En una acción relacionada, los supervisores aprobaron por unanimidad continuar con el estado de emergencia local en relación con la crisis de aguas residuales en la frontera, y también respaldaron una mayor colaboración con investigadores.
Los supervisores declararon por primera vez una emergencia en junio de 2023, lo que permite al condado acceder a recursos estatales y federales "para mitigar los efectos dañinos de la contaminación transfronteriza", según la oficina de Vargas.
