Los defensores de los inquilinos sufrieron una gran derrota este otoño cuando los votantes de California decidieron no ampliar la capacidad de las ciudades para limitar los aumentos de alquiler. Pero una Ley del Estado que entrará en vigor el 1 de enero dará a los inquilinos que se enfrentan al desalojo un poco más de margen de maniobra.
La Ley duplica el tiempo que tienen los inquilinos para responder después de recibir una notificación de desalojo de cinco a diez días hábiles. Los abogados que trabajan con inquilinos dicen que lo que puede parecer un cambio de procedimiento menor podría marcar una gran diferencia para permitir que las personas permanezcan en sus hogares.
Los inquilinos que reciben una notificación de desalojo y no responden por escrito dentro del plazo legal pueden perder su caso por defecto, lo que podría generar sanciones económicas y una mancha negra en su expediente que afecte su capacidad futura para obtener una vivienda. Esto es así incluso si un inquilino tiene una defensa legal válida, por ejemplo, si su propietario aumentó el alquiler por encima de los límites estatales o se negó a solucionar problemas como la falta de calefacción o cerraduras de puertas rotas. Alrededor del 40% de los inquilinos de California pierden sus casos de esta manera, según los investigadores.
“Cinco días nunca han sido suficientes para que un inquilino encuentre asistencia legal y trate de descifrar la denuncia presentada en su contra, averiguar qué tipo de defensas tiene, completar el papeleo y llegar a la corte”, dijo Lorraine López, abogada senior del Western Center on Law and Poverty, a CalMatters a principios de este otoño.
El acceso a los servicios legales varía mucho en California. San Francisco garantiza la representación legal a cualquier inquilino que se enfrente a un desalojo, y en otras ciudades como Oakland y Los Ángeles, sólidas redes de abogados pro bono ayudan a los inquilinos a presentar respuestas. Pero los californianos que viven en los llamados “desiertos legales” –a menudo en áreas rurales– deben viajar muchos kilómetros para reunirse con un abogado.
Algunos estudios han demostrado que los inquilinos que cuentan con abogados tienen menos probabilidades de quedarse afuera de sus hogares, aunque menos del 5% de los inquilinos en casos de desalojo en todo el país cuentan con ayuda legal, en comparación con más del 80% de los propietarios, estima la Coalición Nacional por el Derecho Civil a un Abogado.
Escrita por el asambleísta Ash Kalra, demócrata de San José, la nueva ley también ofrece algo para los propietarios, a quienes generalmente les gusta que los casos de desalojo avancen más rápido. Limita la cantidad de tiempo que los abogados de los inquilinos pueden tardar en presentar ciertas mociones alegando errores en la queja del propietario. Los representantes de los propietarios dijeron que los abogados usarían esas mociones para prolongar los casos innecesariamente.
El cambio convenció al mayor grupo de presión de propietarios del estado, la California Apartment Association, a permanecer neutral respecto de la ley mientras los legisladores la debatían. Algunos grupos locales de propietarios de viviendas todavía se oponían a la ley.
“Cuanto más tarden estas cosas, más caro será (para los propietarios) y más alquiler se perderá”, dijo Daniel Bornstein, un abogado que representa a los propietarios.
- Este artículo fue publicado originalmente en inglés por CalMatters.
