A medida que las estrictas tácticas de aplicación de la ley de inmigración de la administración de Trump se intensifican, los defensores están instando a la Sheriff del Condado de San Diego, Kelly Martinez, a seguir una política santuario que la Junta de Supervisores del Condado aprobó a finales del año pasado.
Las leyes santuario de California permiten que los carceleros locales transfieran voluntariamente a los reclusos a la custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si han sido condenados por ciertos delitos graves, o si ICE proporciona una orden federal.
Las leyes también permiten que las jurisdicciones locales impongan límites adicionales. Por ejemplo, el Condado de Los Ángeles solo transfiere reclusos a la custodia de ICE cuando este presenta una orden.
La Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó una política similar en diciembre pasado. Pero en ese momento, Martínez dijo que no honraría la nueva política, señalando que los supervisores no establecen políticas para la oficina del sheriff.
Desde entonces, historias de redadas de inmigración, estudiantes extranjeros a quienes se les revocaron las visas, ciudadanos estadounidenses detenidos por ICE e inmigrantes sin estatus legal enviados por error a El Salvador solo han intensificado el miedo en las comunidades inmigrantes.
"Cuando aprobamos la política en diciembre del año pasado, no estábamos en el punto en el que estamos ahora", dijo el martes la Supervisora Monica Montgomery-Steppe durante un foro anual sobre la aplicación de leyes de inmigración.
Defensores de los derechos de los inmigrantes de varias organizaciones en el foro instaron a Martínez a seguir la política del condado, conocida como L-2.
"El momento exige que el Sheriff de San Diego cumpla con la política L-2 de la Junta del Condado", dijo Patricia Mondragón, gerente de políticas regionales de Alliance San Diego.
Los defensores argumentaron que cualquier percepción de las agencias locales de seguridad cooperando con ICE genera desconfianza entre las comunidades de inmigrantes.
"Creo que es muy perjudicial que los miembros de la comunidad vivan con miedo de un encuentro con la policía, de que puedan ser deportados", dijo Carl Browning, un orador público en el foro.
En respuesta a estas preocupaciones, la Sheriff Martinez reconoció la ansiedad en torno a la aplicación de leyes de inmigración.
“No me son ajenas las preocupaciones de nuestra comunidad”, dijo. “No me es ajeno el miedo en la comunidad y quiero que todos entiendan que esta también es mi comunidad”.
Mencionó que todas las 30 personas transferidas de la custodia del Sheriff a ICE el año pasado tenían una condena penal o una orden federal. Y señaló que varias de las personas con condenas penales habían sido arrestadas múltiples veces, aunque no está claro cuántos de esos rearrestos resultaron en cargos o condenas.
Martínez argumentó que facilitar las transferencias de ICE de personas con condenas penales en cárceles locales protege a los inmigrantes no autorizados en la comunidad de ser arrestados colateralmente cuando los agentes de ICE se aventuran en vecindarios residenciales.
"Protege a nuestras comunidades cuando ICE está recogiendo a alguien en una cárcel a quien van a buscar de todos modos", dijo. "También protege a nuestros miembros comunitarios del daño colateral de tener madres, hijas, hijos, niños arrestados".
El foro terminó abruptamente cuando el Supervisor Joel Anderson anunció que tenía que irse. Eso dejó a la junta sin quórum porque el Supervisor Jim Desmond no estaba presente y el asiento del Distrito 1 está vacante.
La Sheriff no tuvo la oportunidad de responder directamente a preguntas sobre su decisión de ignorar la política L-2 antes de que concluyera el foro.
Defensores de los derechos de los inmigrantes, críticos de la postura de Martínez sobre la política del condado, han señalado el lenguaje en las leyes del estado santuario para argumentar que ella está obligada a seguir la política local.
Según un boletín informativo publicado por el Departamento de Justicia de California, las transferencias de ICE solo están permitidas si “la transferencia no violaría de otro modo ninguna ley federal, estatal o local, o política local”.
Después de la publicación original de esta historia, la Oficina del Sheriff envió un comunicado reiterando la autonomía de Martínez en cuanto al establecimiento de políticas en las cárceles del condado.
"El Sheriff, como un funcionario elegido de manera independiente, establece la política local para la Oficina del Sheriff", decía el comunicado.
En visitas anteriores a San Diego, el Fiscal General de California, Rob Bonta, dijo que su oficina supervisa el cumplimiento de la ley santuario en todo el estado. Sin embargo, se ha negado a responder preguntas sobre casos específicos.
“Nuestra oficina está vigilando de cerca el cumplimiento de la ley SB 54 por parte de las fuerzas del orden,” dijo su oficina en un comunicado. “Dicho esto, para proteger su integridad, no podemos comentar, ni siquiera confirmar o negar, investigaciones potenciales o en curso.”
- Abogados de inmigración preocupados por auto-deportaciones después de un correo electrónico de la administración de Trump
- Estudiantes internacionales en San Diego atrapados en una 'revocación masiva de visas de estudiante'
- Se acaba el tiempo para refugios de migrantes en Tijuana mientras se apresuran a reemplazar fondos de EE.UU.
- Nueva regulación de transferencias de dinero probablemente afectará la región fronteriza de San Diego
