Mientras el presidente Donald Trump inicia su segundo mandato con una declaración de emergencia nacional en la frontera sur y una firme promesa de deportaciones masivas, los colegios y universidades de California han estado realizando talleres y asociándose con organizaciones sin fines de lucro de servicios legales para ayudar a los estudiantes indocumentados en sus campus a permanecer en la escuela.
En los sistemas de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California, así como en muchos campus de colegios comunitarios de California, los Dream Centers apoyan a aproximadamente 100,000 estudiantes indocumentados y estudiantes de familias de estatus mixto del estado. Se estima que 3.3 millones de californianos viven en hogares de estatus mixto, según datos del Equity Research Institute, un grupo de investigación de la USC. Estos centros ayudan a los estudiantes a completar formularios de ayuda financiera, derivaciones a bufetes de abogados de inmigración sin fines de lucro, acceso a apoyo de salud mental y brindan espacios para vincularse, hacer tareas escolares o tomar un descanso.
Varios coordinadores de Dream Center y sus socios legales sin fines de lucro dijeron que han visto una demanda sin precedentes de servicios legales por parte de estudiantes universitarios indocumentados desde la victoria electoral de Trump en noviembre. Los proveedores de servicios legales dicen que sus consultas gratuitas están reservadas desde hace varios meses con estudiantes que buscan comprender el nivel de riesgo de deportación que enfrentan ellos y sus familias.
La demanda estudiantil de servicios legales de inmigración se dispara
A Carlos, un estudiante de la Universidad Estatal de Sacramento, le ha resultado difícil concentrarse desde la victoria electoral de Trump. Las noticias sobre los planes de inmigración y deportación de Trump en las redes sociales sirven como un recordatorio constante de su estatus de indocumentado y del riesgo de deportación bajo la nueva administración.
“Intentaba escribir cualquier ensayo que fuera necesario, resolver cualquier ecuación que fuera necesaria, pero por alguna razón, no podía hacerlo”, dijo Carlos. “Esos resultados (de las elecciones) estaban en mi mente”. CalMatters solo publica el nombre de pila de Carlos a pedido suyo porque teme que compartir su identidad pueda llevar a que las autoridades lo busquen para deportarlo.
“Al final del día, lo que hago es ir al centro y estar rodeado de los amigos que hice allí”, dijo sobre el Centro de Recursos para Soñadores de Sacramento State.
A través de talleres organizados por el socio legal sin fines de lucro del centro, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, Carlos puede convertir el miedo en acción. Aprendió sobre sus derechos al debido proceso y cómo reaccionar si los agentes de inmigración se presentan en su puerta: permanecer en silencio, permanecer dentro y llamar a un abogado de inmigración lo antes posible. Los agentes de inmigración no pueden ingresar legalmente a su hogar a menos que tengan una orden judicial, firmada por un juez, con el nombre y la dirección correctos, advierten los proveedores de servicios legales.
“Hay mucho miedo por ahí. Queremos que los estudiantes sepan que tienen acceso a la educación”.D’arcy Corwin, coordinadora del Dream Resource Center en Los Angeles Pierce College
La Ley estatal de 2019 fomentó la designación de enlaces de recursos en las universidades y colegios públicos del estado, y muchos han creado centros físicos en sus planteles para ayudar a los estudiantes indocumentados a navegar por las solicitudes de ayuda financiera y conectarlos con servicios legales gratuitos. Desde entonces, el estado ha proporcionado $52.2 millones durante cinco años para financiar estos centros y enlaces. California atiende a la mayor proporción de estudiantes universitarios indocumentados en el país, y la mayor parte de esos estudiantes asisten a uno de los 116 colegios comunitarios del estado.
Desde 2001, cuando los legisladores aprobaron la AB 540, los estudiantes indocumentados que asisten a una escuela preparatoria de California durante tres años y se gradúan tienen derecho a pagar la matrícula de residente en las universidades públicas del estado. La matrícula de residente es significativamente más barata que la de no residente en cada uno de los tres sistemas públicos de educación superior del estado.
En la Universidad de California, la matrícula para no residentes es aproximadamente $35,000 más por año que la que pagan los residentes de California. Los estudiantes no residentes en el sistema de Cal State pagan una tarifa adicional de $420 por unidad semestral, además de la matrícula anual estándar de $6,000. En los colegios comunitarios de California, la matrícula para residentes es de $46 por unidad, y la matrícula para no residentes varía, pero generalmente es al menos cinco veces ese costo.
Aunque los estudiantes universitarios indocumentados no son elegibles para recibir ayuda financiera federal, muchos pueden solicitar el programa de ayuda financiera insignia del estado, la Beca Cal. Estos estudiantes deben inscribirse en una universidad de California y tener un ingreso familiar por debajo del umbral máximo para presentar la solicitud a través de la Solicitud Dream Act de California. Más de 35,000 estudiantes indocumentados presentan la solicitud cada año, pero solo alrededor de un tercio recibe ayuda.
Como coordinadora del Dream Resource Center en Los Angeles Pierce College, D’arcy Corwin ha estado escuchando los temores de sus estudiantes y “apoyándolos”. Eso ha implicado ponerlos en contacto con programas de alimentación y abogados de inmigración, organizar eventos que les enseñen a defender sus derechos y ayudarlos a completar las solicitudes de ayuda financiera.
“Hay mucha propaganda alarmista”, dijo Corwin. “Queremos que los estudiantes sepan que tienen acceso a la educación”.
Los expertos en inmigración han advertido que quienes corren el mayor riesgo de deportación bajo la administración de Trump son los no ciudadanos que han tenido condenas previas u otro contacto con el sistema de justicia penal, así como los 1.3 millones de personas en todo el país que han recibido órdenes finales de deportación.
Después de la elección de Trump, Guillermo Metelin Bock, quien dirige el programa de Servicios para Estudiantes Indocumentados en Stanislaus State, dice que las preguntas de los estudiantes han pasado de la ayuda financiera y la asequibilidad de la universidad a la política de inmigración. Para obtener respuestas a esas preguntas, los estudiantes de Stanislaus State tienen acceso a servicios legales a través de una asociación con Immigrant Legal Defense, un proveedor de servicios legales gratuitos que colabora con nueve campus de Cal State y 34 colegios comunitarios en el Área de la Bahía y el Valle Central.
Muchos centros Dream de Cal State y de colegios comunitarios se asocian con organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia gratuita en materia de leyes de inmigración, entre ellas la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, el Centro de recursos centroamericanos y Defensa legal de inmigrantes. Los estudiantes de nueve campus de la Universidad de California también tienen acceso a asistencia legal gratuita a través del Centro de Servicios Legales para Inmigrantes, ubicado en la Facultad de Derecho de la UC Davis. Estas organizaciones sin fines de lucro y los recursos del campus crean un mosaico geográfico de ayuda legal en materia de inmigración, que atiende a estudiantes de toda California. Con las amenazas de Trump de deportaciones masivas, las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la asistencia legal en materia de inmigración dicen que la demanda de sus servicios se ha disparado.
Según Geno Uyuni, abogada del Centro de Recursos Centroamericanos, una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales gratuitos sobre inmigración a estudiantes de 20 universidades, sus consultas están actualmente reservadas hasta marzo. En esas sesiones, Uyuni trabaja con estudiantes indocumentados para explorar sus opciones de obtener tarjetas verdes, ciudadanía, permisos de trabajo y otras solicitudes.
Uyuni dijo que “los casos más desgarradores” son los de los estudiantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, pero que no tienen ninguna vía disponible para obtener la ciudadanía. A veces es la primera persona en dar la noticia de que, incluso si obtienen un título universitario, probablemente nunca podrán trabajar legalmente en Estados Unidos.
“Hay una desconexión entre cuánto te apoya California para terminar la escuela, pero luego hay poco apoyo más allá de eso”, dijo Uyuni.
Un número cada vez mayor de estudiantes universitarios no son elegibles para protecciones como la autorización de trabajo bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA, ya que solo las personas que solicitaron antes de 2017 pueden renovar su estatus luego de los intentos de la primera administración de Trump de poner fin al programa.
Aunque la administración Trump aún no ha anunciado nuevos intentos de poner fin al programa, el futuro de DACA sigue en el limbo. El 17 de enero, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó un fallo de un tribunal de distrito de Estados Unidos de menor rango que determinó que algunas protecciones para los beneficiarios de DACA eran ilegales. El fallo todavía permite que los beneficiarios de DACA renueven su estatus si ya lo aprobaron, pero no se pueden procesar nuevas solicitudes de DACA. Es probable que el caso sea apelado ante la Corte Suprema.
Barbara Pinto, codirectora ejecutiva fundadora de Immigrant Legal Defense, dice que su sistema de reservas en línea vio “el mayor aumento que creo que hemos visto desde que comenzamos este proyecto” poco después de que los resultados de las elecciones presidenciales fueran claros.
Entre las elecciones y la investidura de Trump, el equipo de Pinto se apresuró a presentar solicitudes de residencia permanente y renovaciones de DACA, en previsión de que los tiempos de procesamiento de las solicitudes se alargarían durante el gobierno de Trump. Aunque a Pinto le resulta difícil calcular exactamente cuáles son los planes de Trump, dijo que el presidente tendría que pasar por un proceso legal para poner fin a DACA, lo que significa que el programa probablemente no se erradicaría de la noche a la mañana.
“Trump dice muchas cosas, a veces son ciertas y a veces no, a veces las cumple y a veces no”, dijo Pinto.
El Estado interviene para proteger a los estudiantes indocumentados
Inmediatamente después de su toma de posesión el 20 de enero, Trump comenzó a emitir órdenes ejecutivas para acabar con la inmigración. Además de la declaración de emergencia nacional, Trump designó a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. También emitió una orden ejecutiva que intentaba poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, a pesar de que está garantizada en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Veintidós estados, incluido California, están demandando para impugnar este intento, y el 23 de enero un juez federal bloqueó temporalmente su entrada en vigor.
El 21 de enero, la administración Trump desechó políticas que databan de 2011 y que limitaban a los agentes de inmigración a detener a personas indocumentadas en lugares sensibles, incluidas iglesias y escuelas. En California, la Ley del Estado establece que los funcionarios de las escuelas primarias y preparatorias no tienen que permitir la aplicación de la ley de inmigración en el campus sin una orden judicial. En el nivel universitario, las políticas son menos claras, porque algunas partes de los campus están abiertas al público, mientras que otras áreas, como los dormitorios, requieren una orden judicial para que los agentes de inmigración ingresen.
“Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado del 21 de enero. “La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que usen el sentido común”.
Los legisladores de California están trabajando para resistir los planes de deportación de Trump, pero no pueden hacer mucho a nivel estatal. El fiscal general del estado, Rob Bonta, envió directivas a las universidades públicas de California, recordándoles las leyes estatales existentes que les impiden colaborar con la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Bonta también enfatizó que las agencias policiales locales de California, incluidos los departamentos de policía del campus, tienen prohibido por una ley estatal de 2017 “proporcionar información personal en general… sobre un individuo para fines de control de inmigración, incluyendo, pero no limitado a, la dirección del hogar o la dirección del trabajo del individuo, a menos que esa información esté disponible para el público”.
El gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos demócratas acordaron reservar 50 millones de dólares de fondos estatales para pagar los costos legales de la lucha contra la administración Trump. Además, el actual proyecto de ley de presupuesto del Senado estatal asignaría 10 millones de dólares a proveedores de servicios legales para apoyar a los inmigrantes, así como 15 millones de dólares para el apoyo legal de “personas vulnerables”, incluidas aquellas en riesgo de deportación.
Desde 2019, el estado ha asignado dinero para apoyar a los proveedores de servicios legales de inmigración que se asocian con colegios y universidades públicas, distribuyendo un total de $2.9 millones a la Universidad de California, $42 millones a la Universidad Estatal de California y $50 millones a los colegios comunitarios de California. El presupuesto estatal propuesto para 2025-26 por el gobernador Gavin Newsom incluye una asignación de $17.6 millones para servicios legales de inmigración para instituciones públicas de educación superior, junto con $11.6 millones para enlaces de recursos de Dream.
Algunos coordinadores de los Dream Centers y sus socios legales sin fines de lucro dijeron que la financiación estatal es fundamental y piden más dinero estable para financiar su trabajo. El Centro de Recursos Centroamericanos con sede en Los Ángeles recibió $9.3 millones en subvenciones gubernamentales en 2023, que utilizó principalmente para brindar asesoramiento y servicios legales a más de 20,000 personas en California. Uyuni dijo que la financiación gubernamental que reciben, que constituye la gran mayoría de su presupuesto, a menudo puede estar politizada y puede fluctuar sustancialmente entre las propuestas de presupuesto estatal.
“A veces nos encontramos en un limbo, debido a la incertidumbre sobre la financiación”, dijo Uyuni. “Ojalá se pudiera aumentar la financiación para que pudiéramos distribuir el trabajo entre más personas y ayudar a más estudiantes, antes”.
Muchos estudiantes universitarios indocumentados se quedan sin saber con certeza su futuro, una situación que resuena en David Álvarez, un asambleísta demócrata de Chula Vista e hijo de inmigrantes indocumentados.
Álvarez enfatizó que todavía hay un proceso legal que seguir y que las deportaciones masivas no pueden ocurrir de la noche a la mañana. “Como estado, estamos haciendo lo que se puede hacer, que es proporcionar recursos y garantizar que el proceso de inmigración se cumpla de acuerdo con la ley, con la esperanza de que ese proceso pueda proteger a nuestros estudiantes”, dijo.
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- Recursos para Estudiantes de la Universidad Estatal de California
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Brumer y Sosa contribuyen con el College Journalism Network, una colaboración entre CalMatters y estudiantes de periodismo de todo California. La cobertura de CalMatters sobre la educación superior está respaldada por una subvención de College Futures Foundation.
Este artículo fue publicado originalmente por CalMatters.
