El mes pasado, en el condado de Santa Fe, Nuevo México, los líderes de la policía local se presentaron ante un auditorio repleto y mostraron fotos de sus uniformes para que los residentes supieran cómo lucen y, más específicamente, lo que el ICE no ve.
"Pase lo que pase en el país, quienquiera que sea el presidente, ustedes son nuestra comunidad. Somos sus oficiales", dijo el jefe de policía de Santa Fe, Paul Joye, con apoyo de un intérprete de español. "Es un derecho humano fundamental sentirse seguro en casa, sin importar de dónde venga".
Reuniones como esta se han estado llevando a cabo en todo el país en las últimas semanas. Los departamentos de policía están celebrando asambleas públicas, publicando videos y declaraciones, y añadiendo secciones de preguntas frecuentes a sus sitios web. Intentan transmitir el mismo mensaje: no son agentes de inmigración y los residentes no deberían tener miedo de llamarlos.
No es raro que muchas personas que viven en los Estados Unidos sin estatus legal desconfíen de la policía. Pero conforme se intensifican las medidas de control migratorio de la administración Trump, los líderes policiales locales afirman que el miedo que experimentan muchos inmigrantes también ha aumentado, lo que dificulta su trabajo.
"Sinceramente, el único problema que les quita el sueño a los jefes de policía es lidiar con la inmigración", afirma Chuck Wexler, director ejecutivo del Foro de Investigación Ejecutiva Policial. "Al tratar con sus comunidades y con las fuerzas del orden federales, se encuentran en un punto muerto y tratan de sortear ese obstáculo lo mejor que pueden".
Un mosaico de políticas policiales
En la reunión de Santa Fe, el jefe Joye, que vestía de civil por temor a que su uniforme pudiera poner nerviosa a la gente, reconoció que la política de su departamento les permite trabajar con las autoridades federales de inmigración en algunos casos.
"Hay ciertos delitos en los que podríamos colaborar con el ICE: ocultación de identidad, robo de identidad, delitos violentos contra otra persona, trata de personas, narcotráfico y actividades de pandillas", explicó al grupo, enfatizando que los residentes deben seguir llamando a la policía cuando sean víctimas de delitos.
En una llamada posterior con NPR, Joye comentó que sintió que la reunión fue productiva.
"Lo que realmente quería hacerles saber es que, desde nuestra perspectiva, este es el momento en que podríamos o deberíamos involucrar al ICE. No participamos en las redadas. No estamos en posición de oponernos al ICE ni causarles problemas. No estamos trabajando para ayudarlos, pero tampoco vamos a trabajar activamente en su contra", expuso Joye.
Es un mensaje delicado, con grandes diferencias a nivel nacional. Hay alrededor de 18,000 agencias del orden público en todo el país, y su forma de colaborar con el ICE varía, si es que lo hacen.
Muchos policías quieren que las autoridades federales de inmigración detengan a personas sin estatus legal que hayan cometido crímenes violentos u otros delitos graves, pero no quieren asustar a los inmigrantes que cumplen la ley (cosa que es más probable que hagan ellos que los ciudadanos) para que no llamen a la policía.
Pero la administración Trump no solo está atacando a personas acusadas de delitos. También está arrestando a estudiantes que protestaron contra el ataque israelí a Gaza y a quienes, según abogados, que simplemente tienen tatuajes de su equipo de futbol favorito. Esto, junto con la disparidad de políticas policiales locales, ha contribuido a sembrar el miedo.
Preocupa que los inmigrantes denuncien menos delitos
En Tennessee, el Departamento de Policía de Greeneville pospuso una reunión con la comunidad hispana este mes después de que algunos comentaristas en Facebook desalentaron a la gente a asistir, alegando que se trataba de una redada disfrazada del ICE.
Muchos jefes de policía han optado por arriesgarse a la ira del gobierno federal en un intento de preservar la confianza entre las comunidades inmigrantes, un vínculo que puede ser endeble incluso en los mejores momentos.
En Boston, cuando el comisionado de policía Michael Cox señaló el mes pasado que su agencia no tiene autoridad para aplicar la ley migratoria, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, aseguró que "traería el infierno" a la ciudad. El 24 de marzo, el ICE arrestó a más de 300 personas en Massachusetts.
Los líderes policiales con los que habló NPR afirman estar preocupados por la disminución de denuncias de delitos por parte de inmigrantes. Estudios demuestran que el estatus migratorio puede ser un obstáculo para llamar a la policía.
El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, considera que esto pone en peligro la seguridad pública.
"Si la gente no está dispuesta a llamarnos y contarnos qué está pasando, a decirnos que han sido víctimas, a cooperar como testigos, todo eso conduce a una situación que agrava aún más la posibilidad de que todos en esta ciudad sean víctimas", reitera. "El efecto del ambiente del último mes ha sido que mucha gente en diferentes comunidades no distingue entre mi placa y una placa de ICE".
El sheriff Republicano Chad Bianco, del condado de Riverside, California, dice que está a favor de deportar a "los criminales que también están aquí ilegalmente", aunque precisa que la ley de California le impide en gran medida participar en esos esfuerzos federales.
Pero habla regularmente con los dueños de granjas del condado. Señala que muchos de ellos emplean a personas que viven en el país sin permiso de residencia. Esos trabajadores, dice, les cuentan a sus jefes los delitos de los que son víctimas, incluyendo robos y asaltos.
"Los dueños me dicen que no pueden convencer a sus trabajadores de que se conviertan en víctimas y notifiquen a la policía porque tienen miedo de ser deportados", enfatiza.
Kieran Donahue, sheriff del condado de Canyon, Idaho, expresa que cuando alguien es arrestado y luego se descubre que es indocumentado, lo retendrá para las autoridades de inmigración.
"Tengo la obligación, bajo el estado de derecho, de notificar a las autoridades federales porque han infringido la ley federal. Y no estarían en mi cárcel si no hubieran violado la ley estatal", relata Donahue. "No podemos, a menos que nos deleguen, hacer cumplir la ley federal, pero sí hacemos cumplir el estado de derecho. Esto nos coloca en esta posición entre estas dos facciones, entre la espada y la pared".
Donahue, también presidente de la Asociación Nacional de Sheriffs, reconoció que retener a detenidos por el ICE podría socavar la confianza pública en las fuerzas del orden, aunque aclara no haberlo visto en su propio condado. Sin embargo, en otros lugares, "ha habido un aumento repentino de aprensión, nerviosismo y miedo", afirma. "Ese es un gran obstáculo al que se enfrentan las fuerzas del orden".
Harold Medina, jefe de policía de Albuquerque, Nuevo México y presidente de la Asociación de Jefes de Policía de las Grandes Ciudades, indica que la confianza entre una comunidad y las fuerzas del orden es lo que marca la diferencia a la hora de convencer a la gente de que la policía local está ahí para ayudarlos.
"En resumen, nunca se debe intentar crear una relación con un segmento de la comunidad al día siguiente de un suceso", advierte. "Todos los días depositamos en el banco de la confianza".
Concluye que si las autoridades sólo están intentando generar confianza justo ahora, están haciendo poco y ya es demasiado tarde.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.
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