Han pasado tres meses desde que los votantes de California aprobaron abrumadoramente la Proposición 36, una nueva ley que prometía brindar un “tratamiento masivo” para quienes enfrentan ciertos cargos por drogas. Pero desde que la ley entró en vigencia el 18 de diciembre, algunos condados están luchando por cumplir esa promesa.
Ahora, los fiscales tienen la capacidad de acusar a personas condenadas por tercera vez por diversos delitos de drogas con el llamado delito grave que requiere tratamiento, lo que los enviaría a un tratamiento por abuso de sustancias o salud mental en lugar de hasta tres años de cárcel o prisión.
Pero mientras algunos condados luchan por implementar el mandato sin nuevos fondos o, según las personas involucradas en la aplicación de la ley, recursos suficientes, cada vez más personas están siendo acusadas sin un camino claro hacia el tratamiento que la ley se supone que ofrece.
CalMatters habló con jueces, fiscales de distrito, defensores públicos y expertos en salud conductual en condados de varios tamaños que han comenzado a aplicar la nueva ley. Hasta el 4 de febrero, casi 30 personas han sido acusadas del delito grave que implica tratamiento obligatorio en el condado de Yolo. En el condado de Stanislaus, aproximadamente 140 personas han sido acusadas del nuevo delito grave hasta el 10 de febrero. Y en el condado de Orange, esa cifra ha superado las 500 hasta el 7 de febrero.
A primera vista, CalMatters se enteró de que un puñado de personas han sido puestas en tratamiento desde que entró en vigor la ley. Ese número podría aumentar en las próximas semanas a medida que las personas avancen en su proceso judicial y la ley se implemente más. Una persona puede aceptar el tratamiento en cualquier momento entre su comparecencia formal y el juicio con jurado.
Aunque el entusiasmo por la nueva ley es grande entre los fiscales y las fuerzas del orden, la maquinaria del gobierno aún no se ha puesto al día. El texto de la medida no detalla cómo los tribunales implementarán la Proposición 36, lo que obliga a los administradores de los tribunales, jueces, fiscales de distrito, expertos en salud conductual, funcionarios de libertad condicional y defensores públicos a implementar rápidamente nuevos procesos a medida que muchas personas son acusadas y encarceladas.
El tratamiento es “el mayor obstáculo”, dijo el juez del Tribunal Superior del condado de Santa Clara, Stephen Manley, quien fundó el tribunal de tratamiento de salud mental del condado y cofundó su tribunal de drogas.
“Simplemente no tenemos el tratamiento en este estado”, dijo. “Cuando no se puede poner a la gente en tratamiento, ¿cuál es la alternativa?”
La medida no contó con financiación. Esa es una de las razones por las que el gobernador Gavin Newsom se opuso a la iniciativa.
“Se trata de encarcelamiento masivo, no de tratamiento masivo”, dijo Newsom en una conferencia de prensa en septiembre. “Qué insulto decir que se trata de tratamiento masivo cuando no hay un solo dólar de por medio”.
La Oficina del Analista Legislativo estimó que la medida costaría entre decenas y cientos de millones de dólares al año en mayores costos de justicia penal. Los legisladores estatales republicanos que respaldaron la Proposición 36 escribieron una carta a Newsom en diciembre instándolo a comprometer más fondos.
“El éxito del enfoque centrado en el tratamiento de la Proposición 36 depende en gran medida de la disponibilidad de servicios de salud mental y abuso de sustancias bien financiados, que son fundamentales para romper los ciclos de adicción y reducir la reincidencia”, escribieron los legisladores republicanos.
Y el senador Tom Umberg, demócrata de Santa Ana, presentó una legislación para ayudar a facilitar la implementación de la Proposición 36.
“Todos los californianos deberían recibir el mismo trato ante la ley”, afirmó Umberg. “Mi intención es asegurarme de que cumplamos con el mandato de la Proposición 36”.
¿Qué es un delito grave que requiere tratamiento?
Se produce un arresto. Un juez revisa los cargos en una audiencia inicial. ¿Pero luego qué?
En el caso de un delito grave que requiere tratamiento, a quien exprese interés en recibirlo se le asignará un “experto en adicción a las drogas” que lo evaluará y decidirá qué tipo de tratamiento necesita. Ese tratamiento puede incluir tratamiento de salud mental, capacitación laboral y “cualquier otra condición relacionada con el tratamiento o un resultado exitoso para el acusado que el tribunal considere apropiado”, dice la medida.
Si aceptan, se declararán culpables o no se opondrán a los cargos y comenzarán el tratamiento. Si no lo aceptan, irán a la cárcel o prisión si son condenados. A quienes terminen el tratamiento se les desestimarán los cargos.
El fiscal de distrito del condado de Yolo, Jeff Reisig, un destacado partidario de la Proposición 36, dijo que está bien que los condados adopten diferentes enfoques para implementar la ley.
“Todos lo harán de forma un poco diferente”, afirmó. “Pero todo va avanzando. No hay sorpresas por ahora”.
Evaluaciones bajo la Proposición 36
Si bien el estatuto exige que un experto en adicción a las drogas realice las evaluaciones, sigue siendo una “pregunta abierta” en muchos condados quién asumirá esa función, dijo el juez de la Corte Superior de Sacramento, Lawrence Brown, quien es el presidente del Comité Asesor de Tribunales de Justicia Colaborativa dentro del órgano de formulación de políticas del sistema judicial estatal, el Consejo Judicial.
“En nuestro condado, (el departamento de salud conductual) recibe un gran volumen de solicitudes de tratamiento de drogas y tratamiento mental antes de la Proposición 36, por lo que se suma a su ya considerable carga de trabajo sin ningún financiamiento específico”, dijo.
Ninguna de las tres personas que solicitaron evaluaciones de tratamiento en el condado de Yolo, una comunidad de aproximadamente 220,000 personas cerca de Sacramento, recibió una hasta el 5 de febrero. Según el director de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del condado, Nolan Sullivan, eso se debe a que ninguna agencia tiene los recursos necesarios. El condado está trabajando en un plan temporal.
“Crearon una expectativa para que este puesto realmente sólido hiciera un trabajo que, francamente, sería genial, pero eso no existe hoy en día”, dijo Sullivan. “Esa es la mayor brecha de implementación que tenemos en Yolo hoy”.
¿Cómo se procesarán los delitos que requieren tratamiento obligatorio?
La mayoría de los 58 condados de California cuentan con tribunales de drogas para adultos, que varían de un tribunal a otro, pero que generalmente brindan tratamiento a los infractores que luchan contra los trastornos por consumo de sustancias, a menudo junto con cargos reducidos. Pero 10 condados carecen de tales tribunales, según un recuento reciente de funcionarios estatales, y las personas en el sistema de justicia de California dicen que, incluso cuando existen los tribunales, faltan opciones de tratamiento.
“El mejor tribunal de drogas del mundo no puede hacer nada sin un tratamiento establecido”, dijo Manley.
Algunos condados están planeando incorporar los casos de delitos graves que requieren tratamiento obligatorio a programas de justicia colaborativa existentes, como los tribunales de drogas. Otros planean crear un tribunal independiente.
El condado de Orange, por ejemplo, ya ha creado su propio tribunal de la Proposición 36. Por ahora, su agencia de atención de la salud conductual ha utilizado los recursos existentes y ha aprovechado el dinero del acuerdo sobre los opioides para ayudar a pagar al personal. La directora de la Agencia de Atención de la Salud del condado de Orange, Verónica Kelley, dijo que saben cómo hacer rendir el dinero, pero el plan a largo plazo sigue siendo un trabajo en progreso.
“Muchas de nuestras leyes y proposiciones tienen consecuencias imprevistas. No quiero que la consecuencia imprevista sea que tenga que recortar otro programa necesario para apoyar esto”, dijo Kelley.
Hasta el 30 de enero, la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange había recibido 111 derivaciones por el nuevo delito, según Kelley. Siete personas aceptaron el tratamiento, tres de las cuales se dieron a la fuga. Se han emitido órdenes de arresto contra ellas.
“Hay que estar preparado y el tratamiento es difícil”, afirmó. “La adicción es una enfermedad complicada”.
En comparación con otras, su comunidad cuenta con una gran cantidad de opciones de tratamiento para quienes lo desean. Esto no siempre ocurre en los condados más pequeños.
“Si tuviéramos una avalancha de docenas de personas derivadas a través de este proceso, francamente, no sé cómo manejaríamos esa carga hoy”, dijo Sullivan del condado de Yolo. “Si las personas piden tratamiento y no hay ninguno disponible por diversas razones, ¿qué responsabilidad tienen? Creo que podría ser una barrera bastante grande”.
En el condado de Stanislaus, una comunidad de aproximadamente medio millón de personas en el norte del Valle de San Joaquín, el fiscal de distrito Jeff Laugero quiere canalizar a la gente a través de su tribunal de drogas.
“Queremos que el tratamiento tenga éxito, por eso estamos trabajando con todos nuestros socios en el ámbito de la justicia para intentar determinar cuáles son las mejores prácticas y cómo va a funcionar”, afirmó. “Creo absolutamente que hay tratamiento suficiente, al menos en la actualidad”.
Pero la Defensora Pública Adjunta Principal del Condado de Stanislaus, Jennifer Jennison, dijo que el condado tenía una gran escasez de tratamiento incluso antes de que los votantes aprobaran la Proposición 36. En su opinión, el fiscal de distrito se equivoca al acusar a las personas de delitos graves que requieren tratamiento porque a menudo este tratamiento simplemente no está disponible.
“Es una imprudencia”, afirmó. “Y las personas que necesitan tratamiento están encarceladas sin que se vea el fin, lo que empeora mucho su situación”.
Cayla Mihalovich es becaria de California Local News.
Este artículo fue publicado originalmente por CalMatters.
