Un juez federal dictaminó hoy que California y otros 21 estados se librarán por ahora de los recortes a los fondos clave de los que dependen las universidades para realizar investigaciones y descubrimientos científicos. La rápida medida sigue a una demanda que el fiscal general de California y otros presentaron hoy para impedir que la administración Trump recorte esos fondos.
El viernes pasado, los Institutos Nacionales de Salud emitieron un memorando indicando que reducirían las “tasas de costos indirectos” que las universidades reciben de la agencia al 15%, casi la mitad de la tasa promedio que reciben actualmente los campus de investigación. Es dinero que no financia ninguna investigación específica, sino que ayuda a las instalaciones de investigación a mantener laboratorios y equipos costosos, al tiempo que paga el mantenimiento administrativo, el personal de apoyo y los costos de los servicios públicos.
Las universidades de California son importantes receptoras de fondos de investigación de los Institutos Nacionales de Salud, incluida la Universidad de California, que recibió más de 2 mil millones de dólares para investigación en 2023-24. El sistema de la Universidad Estatal de California recibió 158 millones de dólares en el año auditado más reciente, según la demanda.
“Esta acción de la agencia resultará en despidos, suspensión de ensayos clínicos, interrupción de programas de investigación en curso y cierres de laboratorios”, dice la demanda, que fue presentada esta mañana en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Massachusetts.
“Esto no es solo un ataque a la ciencia, sino a la salud de los Estados Unidos en general. Debemos oponernos a esta acción dañina y equivocada”, dijo el presidente de la UC, Michael Drake, en una declaración. La UC apoya la demanda.
Los Institutos Nacionales de Salud dijeron que implementarían el recorte de tasas hoy. Al justificar la decisión, el memorando de la agencia decía que las fundaciones privadas que financian la investigación científica limitan la tasa al 15%. El presidente Donald Trump, en su primer mandato, intentó reducir la financiación de la agencia en un 20% y forzar otras consolidaciones. Esos esfuerzos, parte de su primera propuesta presupuestaria, fracasaron. En cambio, el Congreso aprobó ese año un aumento de la financiación para la histórica agencia.
La Asociación de Universidades Estadounidenses, una coalición de instituciones de investigación de primer nivel, explica que “las universidades –no el gobierno federal– asumen el riesgo de construir la infraestructura necesaria para apoyar esta investigación con la expectativa de que su cuerpo docente de investigación compita con éxito por subvenciones federales de investigación y, por lo tanto, la universidad recibirá un reembolso por una parte de los costos asociados a la infraestructura”.
La demanda sostiene que el recorte de los costos indirectos viola la ley federal y socava la manera en que el Congreso dijo que las universidades utilizarían el dinero. También señala que las universidades negocian las tasas de costos indirectos con el gobierno federal siguiendo las reglas federales existentes.
Los fiscales generales que representan a los estados en la demanda también escribieron que los costos indirectos permiten a las universidades apoyar la infraestructura donde se lleva a cabo la investigación financiada por el gobierno federal. “Por ejemplo, una universidad que recibe fondos para realizar investigaciones sobre terapias contra el cáncer también debe financiar el mantenimiento físico de un laboratorio y pagar al personal que administra el laboratorio y el equipo de laboratorio, como el personal operativo que no es investigador”. Los costos indirectos sustentan todo eso.
La demanda es el último esfuerzo estatal para desafiar los esfuerzos de la administración Trump para detener o limitar la financiación federal, incluido el dinero para la investigación. La semana pasada, el fiscal general de California, Rob Bonta, ayudó a liderar una demanda que resultó en que otro juez federal ordenara a la administración Trump detener temporalmente su congelación de financiación de billones de dólares de subvenciones federales a estados y agencias. Bonta y sus homólogos luego se quejaron de que esas congelaciones todavía estaban ocurriendo. El mismo juez ordenó hoy al Gobierno federal que cumpla nuevamente con la orden de revocar la cancelación de financiamiento.
No está claro qué efecto tendrán estas demandas en la Casa Blanca. El domingo, el vicepresidente JD Vance escribió en las redes sociales que “los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo”. Los medios de comunicación han señalado que la Constitución de Estados Unidos permite la revisión judicial del poder ejecutivo.
La declaración de Vance provocó una oleada de críticas por parte de analistas legales y demócratas. El argumento que subyace al lenguaje del vicepresidente podría abrir la puerta a un escenario en el que “la Constitución se desmorone”, dijo un pensador legal .
Hasta ahora, al menos 10 jueces han detenido las acciones de Trump.
En noticias federales relacionadas, senadores estadounidenses, incluido Alex Padilla de California, enviaron una carta al Departamento de Educación de Estados Unidos en busca de respuestas a preguntas sobre si un departamento dirigido por el multimillonario Elon Musk está accediendo a los registros de los beneficiarios de préstamos estudiantiles.
Los senadores, citando informes de prensa, dijeron que el acceso del departamento “plantea preguntas sobre posibles exposiciones de datos privados de estadounidenses, el abuso de estos datos por parte de la Administración Trump y si los funcionarios que tienen acceso a los datos pueden haber violado la ley o los procedimientos del gobierno federal para manejar información confidencial”, se lee en su carta.
La Asociación de Estudiantes de la UC, la organización de estudiantes universitarios del sistema, demandó a la administración de Trump la semana pasada por el acceso del equipo de Musk a esos datos .
Este artículo fue publicado originalmente por CalMatters.
