Los sheriffs de California una vez más se encuentran navegando por un difícil cálculo político sobre inmigración mientras el presidente Donald Trump comienza su segundo mandato.
Pueden hacer cumplir una ley de santuario estatal a la que algunos de ellos se oponen personalmente, o pueden dar la bienvenida a las autoridades federales de control de inmigración que Trump ha prometido que llevarán a cabo el mayor programa de deportaciones en la historia de Estados Unidos.
Algunos sheriffs de California han prometido no cooperar con las autoridades federales de control de inmigración, basándose en sus propias políticas o leyes aprobadas por sus condados, y prohibirán a los agentes de inmigración utilizar personal, propiedades o bases de datos del condado sin una orden federal.
Otros dijeron que si bien la ley de California impide la cooperación directa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, las autoridades de inmigración son libres de utilizar los sitios web de sus cárceles y sus bases de datos de huellas dactilares para identificar a personas de interés.
“Varios líderes estatales preferirían que no tuviéramos ninguna comunicación con ICE, sin embargo, eso no es lo que dicen (las leyes)”, dijo John Zanoni, Sheriff del Condado de Fresno. “ICE puede acceder a las reservas de prisión a través de nuestro sitio web público y a la información de huellas dactilares que se incluye en la base de datos nacional para identificar a cualquier persona encarcelada que les interese”.
Y un sheriff, Chad Bianco del condado de Riverside, dijo que trabajaría en torno a la ley de California, si pudiera, para garantizar que se deporte a más personas.
CalMatters intentó ponerse en contacto con las 58 oficinas de los sheriffs de California. Veintisiete respondieron el viernes por la tarde. La mayoría de los sheriffs que respondieron simplemente dijeron que cumplirían la ley estatal, detallada en un proyecto de ley aprobado durante la primera administración Trump que limitaba la participación de las fuerzas del orden de California en la aplicación de las leyes de inmigración.
Antes de la investidura de Trump, las redadas de inmigración en el Valle Central a principios de este mes ya habían preocupado a los inmigrantes indocumentados y a sus familias por las redadas masivas en industrias que dependen de los inmigrantes, como la agricultura. Trump y los funcionarios del gabinete de su primer mandato han prometido “arrestos selectivos” de personas indocumentadas y consideran a las fuerzas de seguridad locales como “multiplicadores de fuerza” de esa iniciativa.
Los sheriffs de California podrían desempeñar un papel influyente a la hora de determinar si alguien es arrestado y deportado, ya que ellos administran el sistema penitenciario local del estado, donde se retiene a las personas sospechosas de haber cometido delitos mientras esperan su juicio. Un proyecto de ley que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia asesinada y que se espera que sea aprobado en el Congreso podría aumentar la influencia de los sheriffs sobre la aplicación de la ley de inmigración al priorizar las deportaciones de inmigrantes indocumentados arrestados bajo sospecha de robo y hurto en tiendas, independientemente de si son condenados o no.
La mayoría de los sheriffs que respondieron a una consulta de CalMatters dijeron que estaban equilibrando sus obligaciones con su necesidad de cooperación por parte de las comunidades inmigrantes asustadas. Les preocupa que esas comunidades rechacen a todas las fuerzas del orden si temen ser deportadas solo por su estatus migratorio.
“No saben cuántas llamadas he recibido de hispanos de mi zona que conozco, con los que crecí, todos preocupados por sus familiares”, dijo el alguacil del condado de Mendocino, Matt Kendall. “Tengo suegros a través de mis hijos que me llaman porque están preocupados, pero veamos la capacidad de hacer cumplir esta tontería.
“Diablos, tengo 50 agentes y apenas puedo mantener bajo control el crimen en un condado de 90,000 habitantes. ¿Cómo es posible que estos tipos vengan aquí con todo eso de ‘Vamos a deportar a 10 millones de personas’ o algo así? No, eso es ridículo. No va a suceder”.
Kendall dijo que sin duda hay personas en su comunidad que han cometido delitos graves y también son indocumentados, y quiere que esas personas sean arrestadas.
“Si quieren salir y deportar a todos los criminales, háganlo, pero escojamos lo que es importante y lo que no”, dijo.
Un tema recurrente: todos los sheriffs que respondieron a CalMatters dijeron que la aplicación de la ley de inmigración no es su trabajo. Pero algunos de ellos fueron más allá y se comprometieron a no respetar las órdenes de detención de inmigrantes, mientras que otros dijeron que no “impedirían ni obstaculizarían” que los agentes de inmigración hicieran su trabajo.
La ley santuario dividió a los sheriffs de California
Cuando el gobernador Jerry Brown firmó la legislación que convirtió a California en un estado santuario en 2017, prohibiendo a la policía preguntar sobre el estatus migratorio de las personas y participar en la aplicación de las leyes migratorias federales, la reacción de la administración Trump fue inmediata.
La administración recortó cientos de millones de dólares en subvenciones para la aplicación de la ley a las ciudades santuario que limitaban la cooperación con las autoridades federales de inmigración. La administración Biden restableció las subvenciones en 2021.
Varios sheriffs de California criticaron abiertamente la ley santuario durante la presidencia anterior de Trump. Un grupo de sheriffs del Valle de San Joaquín viajó con Trump a la frontera en 2019, donde respaldaron sus políticas de inmigración.
Uno de ellos, el sheriff del condado de Tulare, Mike Boudreaux, dijo que no está de acuerdo con la ley de santuario de California y que cualquier gobernador que la apoye debería ser destituido de su cargo.
Pero Boudreaux dijo que quiere distinguir entre la aplicación selectiva de medidas contra personas “delincuentes”, que él apoya, y las redadas masivas de inmigración.
“Ahora bien, si llegan a la zona y dicen: ‘Oigan, vamos a atrapar a la mayor cantidad posible de personas que están aquí ilegalmente’, no lo haremos, porque tenemos una comunidad a la que servir”, dijo Boudreaux. “Si pueden distinguir la diferencia entre eso y eso, deberían poder entender lo que quiero decir”.
Boudreaux se comprometió a seguir trabajando con las autoridades federales de inmigración dentro de los parámetros de la ley de California.
“Si tengo un homólogo federal que viene a mi condado pidiendo ayuda, se la daré”, dijo Boudreaux.
Bianco, el sheriff del condado de Riverside y uno de los aliados más francos de Trump en California, asumió el cargo en 2019. Ahora, Bianco dijo que está listo para trabajar en torno a la ley estatal para intensificar la aplicación de las leyes de inmigración.
“Haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de mantener seguros a los residentes del condado de Riverside”, dijo Bianco a KTTV-TV en noviembre. “Si eso implica trabajar de alguna manera para evitar (la ley de santuario de California) con ICE para que podamos deportar a estas personas que nos victimizan a nosotros y a nuestros residentes, pueden estar 100% seguros de que lo haré”.
Defensores de los inmigrantes vigilan a los sheriffs
Eva Bitran, coordinadora del proyecto Derechos de los Inmigrantes en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Sur de California, dijo que su organización estaría atenta a las violaciones a la ley de santuario del estado, que normalmente implicarían que la policía llame a las autoridades federales de inmigración en las cárceles o durante los arrestos.
Eso fue lo que le pasó a Daniel Valenzuela en 2019, cuando la policía de Corona lo interrogó sobre su estatus migratorio durante una parada de tráfico y luego lo transfirió a agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Valenzuela fue deportado.
La ACLU demandó a la ciudad de Corona, que pagó a Valenzuela un acuerdo de $35,000.
“Nuestra expectativa es que los sheriffs respeten la ley”, dijo Bitran. “Estaremos atentos para asegurarnos de que lo hagan”.
En 2020, el condado de Los Ángeles prohibió el traslado de reclusos sin orden judicial a la custodia de las autoridades de inmigración. El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, dijo que su departamento no respeta las órdenes de detención de inmigrantes a menos que se presente una orden federal.
Entre 2018 y 2023, la última fecha para la que hay datos disponibles, hubo 4,192 traslados de personas desde las cárceles de California a las autoridades de inmigración.
Pero es la aplicación de la ley en las calles lo que preocupa a la gente tanto en el Valle Central como en el centro de Oakland, donde la Oficina del Sheriff del Condado de Alameda ya está tratando de acallar los rumores de redadas de inmigración.
“Queremos asegurarles que esta información es falsa”, dijo el sargento Roberto Morales, del sheriff del condado de Alameda. “Esta información ha causado pánico y ansiedad en nuestras comunidades.
“Si bien respetamos las órdenes de arresto penales emitidas por un juez, el personal de la Oficina del Sheriff no cumple con las órdenes de arresto administrativas de inmigración. Es importante destacar que creemos que la participación de las fuerzas de seguridad locales en las operaciones de deportación del ICE socava nuestras estrategias de vigilancia comunitaria y agota los recursos locales”.
La reportera de CalMatters Cayla Mihalovich contribuyó a esta historia.
Este artículo fue publicado originalmente por CalMatters.
