Los californianos acusados de ciertos delitos relacionados con drogas y robo de tiendas minoristas podrían estar enfrentando ya sanciones más severas en virtud de una iniciativa que los votantes aprobaron este año, junto con proyectos de ley relacionados que el gobernador Gavin Newsom convirtió en ley.
Este noviembre los votantes aprobaron abrumadoramente la Propuesta 36, que modifica y añade cambios clave a la ley de California.
Eso incluye que los fiscales puedan acusar a las personas condenadas por tercera vez por diversos delitos de drogas con un llamado delito grave con tratamiento obligatorio, que los enviaría a un tratamiento por abuso de sustancias o de salud mental en lugar de hasta tres años de cárcel o prisión.
Según la nueva ley, los tribunales también están obligados a advertir a las personas condenadas por vender o proporcionar ciertas drogas, como el fentanilo, que podrían enfrentar cargos de asesinato por distribuir posteriormente drogas ilegales que maten a alguien.
Y los delitos de hurto menor y hurto en tiendas también pueden tener consecuencias más graves, incluida la posibilidad de hasta tres años de cárcel o prisión si una persona ya ha sido condenada dos veces por ciertos delitos de hurto.
Varios fiscales de distrito y departamentos de policía anunciaron arrestos este mes que planeaban presentar cargos bajo la nueva ley, incluidos en los condados de San Francisco, Solano y Shasta.
La medida revirtió parcialmente una iniciativa diferente que los votantes aprobaron hace una década, que reducía las penas por ciertos delitos menores relacionados con drogas y hurtos menores de delitos graves a delitos menores. La iniciativa, la Proposición 47, tenía como objetivo desarrollar nuevas estrategias de seguridad pública y reducir el encarcelamiento después de que la población carcelaria del estado se disparara debido a políticas de mano dura contra el crimen que se remontan a la década de 1980.
Pero los fiscales, las fuerzas del orden y los grandes minoristas que se manifestaron a favor de la Propuesta 36 dijeron que esas reformas de sentencias iban demasiado lejos y creaban una puerta giratoria para que las personas cometieran delitos repetidamente sin rendir cuentas.
“Es un mandato claro del público que debemos adoptar un nuevo enfoque en cuestiones de seguridad pública, específicamente las drogas duras, el robo minorista y el fentanilo”, dijo Jeff Reisig, fiscal de distrito del condado de Yolo.
Quienes se oponen a la medida advirtieron que empeorará la falta de vivienda, el consumo de drogas y la delincuencia al recortar la financiación de los programas de tratamiento y aumentar los costos judiciales y penitenciarios en cientos de millones de dólares.
Los expertos en salud conductual de todo el estado han expresado su preocupación por la eficacia de un delito con tratamiento obligatorio, dado que la mayoría de los condados de California carecen de los recursos necesarios para proporcionar el “tratamiento masivo” que han prometido los defensores de la medida.
“Creo que (los proponentes) también han recibido un mandato para adoptar medidas de resolución de problemas y servicios de apoyo para las personas que están pasando por dificultades”, dijo Cristine Soto DeBerry, directora ejecutiva de la Alianza de Fiscales de California, una organización sin fines de lucro que se opuso a la Propuesta 36.
“No creo que el mandato fuera poner a más personas en prisión. No era lo que la gente creía que estaba votando. Espero que las personas con la discreción para hacer cumplir esta ley piensen muy detenidamente en las comunidades a las que sirven y en lo que estaban pidiendo en este momento”, afirmó.
El gobernador Gavin Newsom intentó mantener la Propuesta 36 fuera de la votación de otoño y durante un tiempo consideró presentar una medida contra el delito ante los votantes. En cambio, firmó un paquete de 10 proyectos de ley en agosto que facilitarán el procesamiento de los robos de vehículos y de comercios minoristas. Esas leyes entrarán en vigor el 1 de enero.
Aunque el gobernador Newsom no invirtió dinero en la lucha contra la Propuesta 36, se refirió a la iniciativa como un “mandato sin fondos” que llevará a California de nuevo a la Guerra contra las Drogas. De hecho, la medida no incluía nuevas fuentes de financiación. Pero partidarios como Reisig expresaron optimismo de que ya existen oportunidades de financiación en la ley, señalando los 6,400 millones de dólares del Vínculo de salud mental aprobado por los votantes en marzo.
“Espero que los legisladores y el gobernador acepten el mandato y trabajen en colaboración para garantizar que tengamos éxito en cumplir la promesa de la Propuesta 36”, dijo Reisig.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés por CalMatters.
