Las prisiones de California ya no retienen el dinero que se supone deben entregar a las personas en el momento de su liberación, según un memorando del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California obtenido por CalMatters.
El cambio de política tiene como objetivo garantizar que miles de personas que salen de las cárceles de California reciban la totalidad de los 200 dólares que les corresponde por concepto de estipendio, que les corresponde en virtud de una ley estatal de 51 años de antigüedad. El estipendio tiene como objetivo ayudar a las personas a cubrir sus necesidades básicas en sus primeros días de libertad.
La nueva directiva surge tras la presentación de una demanda colectiva y una reciente orden legislativa que obliga al departamento a dejar de retener dinero en efectivo a personas que estuvieron encarceladas.
El Departamento de Prisiones no ocultó el hecho de que deducía dinero de las asignaciones de excarcelación. Según sus normas, la agencia lo hacía si alguien no tenía ropa formal o medios de transporte.
“Estamos frustrados y decepcionados de que haya sido necesaria una demanda para cambiar una política ilegal del Departamento de Correcciones, que debería haber cumplido con la ley desde el principio”, dijo Chesa Boudin, uno de los abogados principales de la demanda colectiva.
La demanda colectiva presentada en septiembre por el Centro de Derecho Penal y Justicia de la Universidad de California en Berkeley y el bufete de abogados Edelson PC alegaba que la agencia había descontado ilegalmente las tasas a más de un millón de personas desde 1994. Según la demanda, el departamento “retiene sistemáticamente algunos o todos los fondos basándose en criterios de elegibilidad de su propia creación, criterios que violan el lenguaje claro de la ley”.
A instancias de grupos de defensa de la justicia penal, el gobernador Gavin Newsom firmó el 30 de septiembre un proyecto de ley de financiación gubernamental que otorga al departamento 1.8 millones de dólares adicionales para gastos de vestimenta y transporte durante el próximo año.
Según la portavoz del departamento penitenciario, Mary Xjimenez, el departamento cambió su política para cumplir con la nueva asignación presupuestaria.
“Con vigencia inmediata”, decía un memorando a los principales funcionarios de la prisión el día que Newsom firmó el proyecto de ley, “el costo de los vales de ropa y transporte proporcionados en el momento de la liberación ya no se deducirán de la asignación de liberación”.
Xjimenez escribió en un correo electrónico a CalMatters que se trata de “una política duradera que se financiará con futuras asignaciones presupuestarias”. El departamento está en proceso de revisar sus regulaciones para reflejar el cambio.
“El CDCR entiende lo cruciales que son los primeros días luego de la liberación de una persona para una reinserción exitosa”, escribió.
Según un informe de 2008 del Centro de Justicia Penal de Stanford, las primeras 72 horas después de que una persona es liberada de prisión son fundamentales para el éxito de su reinserción a largo plazo. La demanda describe los fondos de liberación como un “salvavidas fundamental” y una “ayuda pequeña pero vital”.
Boudin dijo que el cambio de política es un logro para la demanda colectiva, que tiene como objetivo garantizar que el departamento penitenciario ponga fin a la retención de asignaciones y cumpla con la ley estatal. Pero no aborda el otro componente de la demanda, que busca pagos retroactivos para aquellos a quienes se les dedujeron los fondos de entrada, o se les negaron por completo.
Eso incluye a personas como John Vaesau, uno de los principales demandantes de la demanda, que no recibió nada de su dinero de entrada cuando fue liberado de la prisión estatal de Folsom en junio de 2023.
“En este momento, (el departamento penitenciario) está tratando de hacer lo que sea, pensando que pueden arreglar una casa que se está desmoronando”, dijo Vaesau. “No queremos que piensen que se salieron con la suya. Queremos que al menos paguen por lo que se merecen, no solo por nosotros, sino por todos los que vinieron antes y después de nosotros”.
En un intento por limitar el tamaño de la demanda colectiva, los abogados que representan al departamento de prisiones se opusieron en los documentos presentados ante el Tribunal Superior del condado de Alameda, afirmando que “(la agencia) tiene una defensa afirmativa bajo el estatuto de limitaciones”. Las afirmaciones de que la agencia “no pagó la cantidad apropiada de dinero de entrada” antes del 14 de julio de 2021, argumentaron, “son inoportunas”.
Pero los que presentaron la demanda siguen siendo optimistas de que el tribunal se pondrá de su lado.
“Estamos absolutamente seguros de que nuestras principales reivindicaciones legales sobre la ilegalidad de la política de larga data del Departamento Correccional prevalecerán”, dijo Boudin.
Cayla Mihalovich es becaria de California Local News.
- Este artículo fue publicado originalmente en inglés por CalMatters.
