Cuando tenía 18 años, recuerda Chanthon Bun, fue el vigía durante un robo en Los Ángeles en el que nadie resultó herido. Fue sentenciado a 50 años de prisión estatal.
Encarcelado durante 23 años, fue puesto en libertad condicional en 2020 en el apogeo de la pandemia de COVID.
Bun había llegado a los Estados Unidos como refugiado a los 6 años. Nació durante el Genocidio Camboyano, cuando millones de personas fueron enviadas a campos de trabajo, separadas de sus familias y asesinadas por los Jemeres Rojos comunistas.
Aunque es residente legal permanente de Estados Unidos, este hombre de 46 años se encuentra entre los miles de californianos que viven con el temor constante de ser deportados debido a una condena penal anterior. Esa amenaza se volvió aún más grave a principios de este mes, cuando Donald Trump fue reelegido. El presidente electo ha prometido lanzar la mayor deportación masiva militarizada en la historia de Estados Unidos, y desde entonces su equipo ha redoblado sus amenazas.
“Me preocupa lo que les va a pasar a mis hijos”, dijo Bun. “Es como si ni siquiera estuvieras aquí. Tu mente está tan asustada que ni siquiera puedes disfrutar de respirar”.
Los expertos en inmigración advierten de una redada indiscriminada que podría poner en peligro a casi cualquier persona, pero algunas personas corren un riesgo más inmediato que otras. Entre ellas se encuentran los no ciudadanos que han tenido contacto con el sistema de justicia penal; alrededor de 1.3 millones de personas en todo el país que ya han recibido órdenes finales de deportación, y las personas indocumentadas que pueden vivir o trabajar en estrecha proximidad con los otros dos grupos.
“Las personas que han tenido contacto con el sistema legal penal serán una prioridad”, dijo Nayna Gupta, directora de políticas del grupo de expertos de izquierdas de Washington American Immigration Council. “Según la ley de inmigración actual, eso incluye a las personas que podrían tener condenas de décadas anteriores. No hay un plazo de prescripción sobre cuándo el gobierno puede expulsar a alguien”.
Las comunidades más cercanas a la frontera podrían correr un mayor riesgo al comienzo de la próxima administración Trump, porque es allí donde se encuentran más agentes de Aduanas y Protección Fronteriza y funcionarios de la Patrulla Fronteriza. Trump ha dicho que planea utilizar esas agencias para llevar a cabo su plan de deportaciones masivas.
Durante meses, los defensores han estado planeando formas de contraatacar.
“Él no es dueño de nuestros estados”, dijo Naureen Shah, subdirectora de asuntos gubernamentales de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. “Y nuestros estados estarán en primera línea en la defensa de nuestras libertades civiles y nuestros derechos civiles”.
California, que tiene la mayor población inmigrante del país, ya cuenta con fuertes leyes estatales para proteger a las comunidades inmigrantes de las deportaciones masivas, aunque no tan fuertes como las de Oregón e Illinois, según el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.
Esos dos estados tienen leyes integrales que restringen las transferencias de personas al ICE, mientras que los empleados de las prisiones estatales de California se comunican regularmente con la agencia federal de control de inmigración sobre los reclusos bajo su custodia, incluidos ciudadanos de los Estados Unidos, según muestran los registros públicos. Immigrant Legal Resource Center, una organización nacional sin fines de lucro que brinda capacitación legal y realiza trabajo de políticas a favor de los inmigrantes en California y Texas, estima que entre el 70 y el 75% de los arrestos del ICE en el interior de los EE. UU. son transferencias de otras agencias de aplicación de la ley, como cárceles locales o prisiones estatales o federales.
Durante el primer mandato de Trump, California lideró la resistencia a la deportación federal de inmigrantes indocumentados al convertirse en el primer “estado santuario” que restringió la cooperación de las agencias locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Pero antes de que se firmara esa ley, se la debilitó para permitir que las prisiones estatales continuaran su coordinación con el ICE y para dar a los agentes federales de inmigración acceso para entrevistar a personas en prisiones y cárceles. Las protecciones que limitaban a las agencias policiales que compartieran datos con el ICE también se debilitaron para permitir que se proporcionara información si una persona había sido condenada por uno de los aproximadamente 800 delitos.
Al día siguiente de la segunda elección de Trump, el gobernador Gavin Newsom convocó a la Legislatura, dominada por sus compañeros demócratas, a una sesión especial que comenzará el 2 de diciembre, prometiendo “proteger los valores de California” mientras el estado se prepara para renovados enfrentamientos con la administración entrante.
“No es una cuestión de cuánto va a costar. En realidad, no tenemos otra opción”.El presidente electo Donald Trump habla sobre el costo de las deportaciones masivas
El ascenso político de Trump estuvo impulsado por una retórica racista y xenófoba sobre los inmigrantes: en un mitin de campaña en diciembre de 2023 en New Hampshire, por ejemplo, dijo que estaban “envenenando la sangre de nuestro país”. Ha prometido gastar enormes recursos federales en redadas y redadas en comunidades inmigrantes, especialmente en “ciudades santuario”. Uno de los objetivos: desalentar la inmigración ilegal en el futuro.
“No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos otra opción”, dijo recientemente a la NBC. “Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países, y ahora van a regresar a esos países porque no se quedan aquí. No hay precio”.
Según el Pew Research Center, la mayoría de los votantes registrados (el 56%) están de acuerdo con la implementación de deportaciones masivas de inmigrantes que viven en el país ilegalmente. En una encuesta independiente realizada por Data for Progress, el 67% de los votantes afirman que apoyan la deportación de una persona indocumentada que tenga antecedentes penales por un delito no violento.
En California, los defensores de los inmigrantes quieren que el estado vuelva a actuar.
“Esperamos que California brinde liderazgo”, dijo Alex Mensing, de California Collaborative for Immigrant Justice. “Esperamos que California se enfrente al terror del ICE como estado. Esperamos que el estado ponga toda la creatividad y todos los recursos posibles para respaldar una respuesta que defienda a los inmigrantes”.
Estamos listos para demandar. Hemos estado pensando y preparándonos para la posibilidad de que llegue este momento durante meses”.El fiscal general de California, Rob Bonta
En una entrevista con CalMatters, el fiscal general Rob Bonta dijo el viernes que su oficina está preparando desafíos legales y preparándose para “un ataque frontal y total contra nuestras comunidades inmigrantes”.
“Estamos listos para demandar”, agregó. “Hemos estado pensando y preparándonos para la posibilidad de que llegue este momento durante meses”.
Bonta dijo que su oficina ha estado observando y escuchando atentamente lo que el presidente electo y su equipo dicen que están planeando, “y, afortunadamente, nos está diciendo lo que va a hacer”.
“La administración Trump 1.0 nos dijo una cosa: que Trump no puede no violar la ley. Es su marca. Hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, independientemente de la Constitución o la ley federal. Y al hacer eso, viola la ley”, dijo Bonta. “Por eso nuestro trabajo es tan importante: estar allí cuando lo haga y evitar que lo haga”.
La oficina del fiscal general del estado gastó alrededor de 10 millones de dólares al año en gastos legales para luchar contra Trump durante la última administración, reconoció Bonta, pero “no se puede poner precio a la libertad, a los derechos, a la democracia. Siempre es el momento adecuado y lo correcto para proteger esos derechos”. Durante la última administración de Trump, los abogados de California defendieron con éxito las protecciones para las personas que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, por ejemplo.
Durante años, el Estado Dorado ha estado aumentando las protecciones para los inmigrantes.
Este año, California aprobó una ley que permitirá a los trabajadores de salud del condado inspeccionar el interior de los centros federales de detención de inmigrantes, donde ha habido una larga historia documentada de negligencia médica y violaciones de la seguridad laboral. En 2023, el estado multó al operador de prisiones con fines de lucro Geo Group con $100,000 por seis violaciones en el lugar de trabajo, incluida la falta de un plan para controlar la propagación de COVID-19 y la falta de información y capacitación sobre productos químicos peligrosos.
Los defensores dicen que se podría hacer más, como fortalecer las protecciones de datos en las agencias policiales locales y evitar que el personal de las prisiones estatales se coordine con ICE.
El gobernador podría indultar a inmigrantes con antecedentes penales antiguos, lo que los protegería de la deportación. Newsom lo hizo cuando ciertos refugiados enfrentaron la posibilidad de ser deportados debido a casos antiguos, como el de Bun, pero la tasa de clemencia de Newsom ha sido menor que la de otros gobernadores.
“El gobernador Newsom ha indultado a muchas menos personas que el gobernador Brown”, dijo Angela Chan, fiscal adjunta de la oficina del defensor público de San Francisco. “Hasta ahora, en sus seis años en el cargo, el gobernador Newsom ha otorgado 186 indultos, un promedio de 31 indultos al año. En cambio, el gobernador Brown emitió 1,332 indultos durante su tercer y cuarto mandato como gobernador, un promedio de 166 indultos al año”.
California tiene límites a lo que puede hacer. Muchos asuntos legales siguen sin resolverse y se resolverán en los tribunales. La mayoría de las leyes de santuario tienen una salvedad que dice que las fuerzas del orden locales no pueden cooperar con las autoridades de inmigración “a menos que lo requiera una orden judicial válida”. Los expertos dijeron que lo que constituye una orden judicial válida podría convertirse en un problema para los tribunales. La Corte Suprema de Estados Unidos dejó que la ley de santuario de California se mantuviera en pie en 2020 al no escuchar una impugnación de Trump a la misma.
El estado tampoco puede hacer mucho con respecto a la entrada de tropas militares en California. El presidente puede federalizar la Guardia Nacional. En 2018, Trump envió a casi 6.000 militares en servicio activo a la frontera, autorizándolos a realizar “actividades de protección militar”.
“Habrá que resolverlo en los tribunales”, dijo Shawn VanDiver, experto en seguridad nacional.
Algunos abogados afirman que algunas de las vías que Trump está explorando para desplegar a las fuerzas armadas, como la Ley de Extranjería y Sedición de 1798, requerirían una invasión por parte de un gobierno extranjero. Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles que presentó argumentos en contra de las restricciones a la inmigración durante el primer mandato de Trump, dijo que el plan del presidente electo de utilizar a las fuerzas armadas es ilegal y que la organización de libertades civiles ya estaba preparando impugnaciones legales.
“Trump va a hacer todo lo que pueda para salirse con la suya”, dijo Mensing.
Pero también hay límites a lo que Trump puede hacer, en particular en función de los recursos que necesitaría para cumplir algunas de sus promesas de campaña.
El presidente electo ha dicho que planea llevar a cabo un millón de deportaciones al año. El número más alto de deportaciones en un solo año fiscal en la historia reciente fue el año fiscal 2012, durante el gobierno de Obama, con 407,821 deportaciones en todo Estados Unidos. Durante el primer mandato de Trump, sólo pudo llevar a cabo varios cientos de miles de deportaciones al año, aproximadamente al mismo nivel que otros presidentes, al menos en parte debido a las nuevas leyes de santuario de California y otros estados.
Según el Consejo Americano de Inmigración, el costo a largo plazo de deportar a un millón de personas al año podría promediar 88 mil millones de dólares anuales, lo que sería más alto que el presupuesto de 62 mil millones de dólares del Departamento de Seguridad Nacional para el año fiscal 2025. También requeriría expansiones masivas de los sistemas de tribunales federales de inmigración y de los centros de detención.
Las deportaciones desde California han alcanzado mínimos históricos en los últimos años tras los cambios en la ley y la política estatal sobre las redadas de ICE y las nuevas regulaciones federales sobre las pruebas de COVID antes de las recogidas en las prisiones estatales, según muestran los registros públicos.
Los defensores están enfatizando la necesidad de que la comunidad esté preparada y organizada para combatir la represión prevista contra los inmigrantes en California.
“Hay mucha gente preparándose activamente y creo que los miembros de la comunidad deberían animarse y participar”, dijo Mensing. “En última instancia, eso es lo que impedirá que Trump consiga lo que quiere, que es aterrorizar a la gente”.
En las comunidades inmigrantes de todo el estado, los defensores están ayudando a quienes corren el riesgo de ser detenidos y deportados a hacer planes de emergencia, que incluyen quién recogerá a sus hijos de la escuela y cómo proteger sus bienes en los Estados Unidos. Se están organizando talleres de “Conozca sus derechos” y los vecinos se están ayudando entre sí a informarse.
“Poder, no pánico” es un mantra que Mensing y otros repiten a menudo. “Trump va a atacar a las ciudades y estados santuarios porque es vengativo. Nuestras principales herramientas son estar organizados y estar informados”, afirmó.
Pedro Ríos, director del Programa Fronterizo México-Estados Unidos del Comité de Servicio de Amigos Americanos, una organización cuáquera, dijo que incluso las personas con algún tipo de estatus legal y protección están preocupadas.
“La cantidad de preocupación e incertidumbre que tiene la gente es tremenda y lo que les digo es que busquen una comunidad que los apoye y que no se sientan solos en este momento”, dijo Ríos. Dijo que le pidieron que hablara con un niño de 6 años “porque lo que había estado escuchando en su escuela lo aterrorizaba”.
Bun dijo que su teléfono también ha estado sonando sin parar con llamadas urgentes de otros refugiados camboyanos de todo el país. Mientras tanto, ha estado tratando de averiguar cómo decirle a su propio hijo de 3 años que podría haber alguien tocando a la puerta y que se irá para siempre.
“Esto es como planificar una sentencia de cadena perpetua”, dijo. “¿Cómo se puede planificar algo así?”
El ingeniero de datos Mohamed Al-Elew contribuyó a este informe.
- Este artículo fue publicado originalmente en inglés por CalMatters.
