El mensaje del gobernador Gavin Newsom sobre las personas sin hogar en las últimas semanas ha sido claro: el estado ya no tolerará los campamentos, y las ciudades tampoco deberían hacerlo.
Los californianos que viven en las calles, así como los trabajadores sociales que los apoyan, dicen que ya están sintiendo la diferencia. Los lugares donde antes se podía montar una tienda de campaña y dormir en paz de repente se han vuelto inhóspitos. La Policía parece estar desalojando los campamentos con más frecuencia y de forma más agresiva, y es menos probable que avise con antelación antes de entrar con excavadoras y compactadores de basura, según informes anecdóticos en algunas ciudades. Incluso en ciudades donde los funcionarios dijeron públicamente que nada cambiaría, las personas sin hogar y los activistas dicen que se ha vuelto más difícil estar sin hogar.
Pero el cambio, provocado por un fallo de la Corte Suprema y luego impulsado por una orden ejecutiva, no ha causado un aumento significativo en el número de plazas en refugios ni de viviendas asequibles.
Eso ha llevado a la gente en las calles a preguntarse: ¿A dónde se supone que debemos ir?
“Tenemos que estar en algún lado”, dijo Tré Watson, que vive en una tienda de campaña en Santa Cruz, y dice que las personas sin hogar se están quedando sin lugares a donde ir. “No podemos quedarnos aquí. Venimos aquí y nos corren. Vamos a cualquier parque y nos corren. Vamos a Pogonip (reserva natural) y traen excavadoras”.
Los californianos sin hogar y activistas de San Diego a Sacramento dijeron a CalMatters que la aplicación de la ley se ha vuelto más frecuente y más agresiva. Algunos líderes de la ciudad han dejado en claro explícitamente sus intenciones de intensificar la aplicación de la ley. El Ayuntamiento de Fresno aprobó recientemente una ordenanza que, si obtiene la aprobación final a finales de este mes, hará ilegal acampar en propiedades públicas en todo momento. La alcaldesa de San Francisco, London Breed, dijo que la ciudad lanzará una campaña de represión “muy agresiva”, según el San Francisco Chronicle.
Otros han dicho que no harán cambios en sus estrategias de acampada. El mes pasado, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles reafirmó que el condado no utilizará sus cárceles para retener a personas sin hogar arrestadas por acampar, informó el diario Los Angeles Times. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también ha criticado la criminalización de la acampada pública.
Newsom presiona para que se tomen medidas enérgicas contra los campamentos de personas sin hogar
La falta de vivienda ha sido un obstáculo determinante en la carrera de Newsom desde que fue alcalde de San Francisco a principios de la década de 2000. Y se ha vuelto cada vez más acuciante: la población estimada de personas sin hogar en California ha aumentado a más de 181,000, al mismo tiempo que se rumorea ampliamente que Newsom tiene ambiciones presidencialesz.
A principios de este verano, la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos dio a las ciudades un nuevo garrote para acabar con los campamentos que proliferan en los parques, aceras y espacios abiertos de California. Según el fallo de Grants Pass v. Johnson, las fuerzas del orden ahora pueden citar o arrestar a las personas por dormir en propiedades públicas, incluso si no hay camas disponibles en refugios para ellas. Se trata de un cambio importante respecto del precedente legal anterior, que decía que era inconstitucional castigar a alguien por dormir a la intemperie si no tenía otro lugar al que ir.
Un mes después, Newsom respondió con una orden ejecutiva que ordenaba a las agencias estatales intensificar la aplicación de la ley contra los campamentos y alentaba a las ciudades a hacer lo mismo. La orden técnicamente no exigía a las ciudades que actuaran, pero la semana pasada, Newsom dejó en claro que habría consecuencias para las ciudades que no lo hicieran.
Si no ve resultados en los próximos meses, y si no siente que los líderes locales están actuando con un “sentido de urgencia”, comenzará a redirigir su financiación, dijo Newsom durante una conferencia de prensa afuera de un campamento de personas sin hogar en Los Ángeles.
“Ya no hay excusas”, dijo. “Y la última gran excusa era: ‘Bueno, los tribunales dicen que no podemos hacer nada’. Bueno, eso ya no es así. Así que tuvimos una simple orden ejecutiva: hagan su trabajo. No hay más excusas”.
Las agencias estatales que se verán afectadas de manera más inmediata por la orden de Newsom (Caltrans, Parques Estatales de California y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California) no respondieron a las preguntas en las que se solicitaban detalles sobre cómo la orden ejecutiva cambiará la forma en que despejan los campamentos en sus propiedades, ni tampoco proporcionaron datos sobre sus esfuerzos anteriores de reducción de la contaminación. Parques Estatales remitió las preguntas a la oficina del gobernador, que no respondió.
Cómo es la situación de las personas sin hogar en California
En Santa Cruz, la aplicación de la ley se ha vuelto particularmente “brutal” en las últimas semanas, dijo Keith McHenry, un activista que distribuye alimentos y otros suministros a las comunidades sin hogar a través de su organización Food Not Bombs. Sin embargo, como en muchas ciudades, es difícil decir cuánto del cambio es resultado directo de la decisión de la Corte Suprema y la orden ejecutiva. La tendencia ya estaba cambiando hacia la aplicación de la ley antes de que los jueces dictaran sentencia.
En abril, Santa Cruz expulsó a entre 30 y 40 personas de un gran campamento en un parque comunitario, según la ciudad. Muchas de las personas desplazadas del parque instalaron tiendas de campaña en Coral Street, fuera del refugio local para personas sin hogar, dijo McHenry. La ciudad desalojó ese campamento en junio. Después de esas redadas, algunas personas se trasladaron a la reserva natural de Pogonip en las afueras de la ciudad. A fines del mes pasado, la ciudad arrasó la reserva natural.
“No podemos quedarnos quietos. Venimos aquí y nos echan. Vamos a cualquier parque y nos echan. Vamos a Pogonip (reserva natural) y traen excavadoras”.Tré Watson, residente, Santa Cruz
La ciudad dice que sólo cinco personas fueron rescatadas de Pogonip en esa redada, pero McHenry sospecha que fueron más.
La ciudad dice que su estrategia para lidiar con los campamentos de personas sin hogar no ha cambiado.
“Las prácticas actuales de la ciudad han demostrado ser efectivas y ya son consistentes con las políticas relacionadas con los campamentos sugeridas por el gobernador Newsom para los gobiernos locales contenidas en su reciente orden ejecutiva”, dijo la portavoz de la ciudad, Erika Smart, en un correo electrónico.
Segunda: Un aviso de desalojo en una carpa instalada en Pacific Avenue. Santa Cruz el 7 de agosto de 2024. Fotos de Manuel Orbegozo para CalMatters
Un miércoles por la mañana, un hombre que se hace llamar Spraq estaba empacando sus pertenencias en un remolque de bicicleta, preparándose para la redada que pensó que podría ocurrir más tarde ese día en Coral Street. Spraq, que terminó en la calle después de que la camioneta en la que vivía fuera embargada hace unos 10 años, estaba acampando en el parque hasta que la policía echó a todos. Él y su exnovia se mudaron a una calle cercana y dos días después, la policía los encontró, tiró la ropa y otras pertenencias de su ex y los obligó a mudarse, dijo Spraq. Entonces se mudaron a un lugar de estacionamiento en la calle afuera de Costco, un lugar donde habían acampado sin problemas muchas veces antes, dijo. Nuevamente, la policía los encontró, les dijo que no podían estar allí y tiró sus pertenencias, dijo Spraq.
“Siguieron haciendo eso hasta que no tuvimos nada”, dijo.
En conjunto, McHenry dice que las recientes redadas marcan el mayor esfuerzo para desmantelar campamentos que ha visto en Santa Cruz en años. Antes, dijo, la gente se reubicaba después de una redada y la ciudad generalmente los dejaba tranquilos por un tiempo. Esta vez, la policía ha estado volviendo regularmente a lugares como Coral Street para asegurarse de que la gente no regrese, dijo. La ciudad erigió recientemente una cerca de alambre de cadena y barricadas de plástico naranja a lo largo de la acera para disuadir a los campistas.
“Hay una presión en toda la cancha para evitar que la gente se instale en cualquier lugar”, dijo McHenry.
Las ciudades responden a la iniciativa de Newsom de tomar medidas enérgicas
La aplicación de la ley parece estar aumentando a lo largo de la orilla del río San Diego, donde unas 300 personas viven en tiendas de campaña y chozas improvisadas, muchas de las cuales terminaron allí después de que la policía las expulsara de otros campamentos más cercanos a la ciudad, dijo Kendall Burdett, un trabajador de extensión comunitaria de la organización sin fines de lucro PATH. Últimamente, las autoridades han estado despejando campamentos a lo largo del río varias veces por semana, dijo Burdett. Antes de la orden ejecutiva de Newsom, las redadas ocurrían aproximadamente unas pocas veces al mes, dijo.
La ribera del río incluye terrenos controlados por Caltrans y por la ciudad, y no siempre está claro quién está barriendo los campamentos, dijo Burdett. Pero dijo que está notando que las autoridades son menos propensas a dar aviso previo antes de barrer, lo que lo deja a él y a sus compañeros de trabajo luchando por ayudar a sus clientes. Eso está haciendo que sea más difícil conseguir que la gente consiga una vivienda, dijo Burdett. La gente a menudo pierde sus documentos de identificación en las redadas, que necesitan para entrar en viviendas subsidiadas.
“Eso hace que todo retroceda”, dijo.
En otras ocasiones, Burdett no puede encontrar clientes después de que los barren. Como resultado, a veces los clientes terminan perdiendo sus viviendas.
San Diego ya había intensificado la aplicación de la ley, al aprobar una ordenanza que prohibía los campamentos en ciertas zonas el año pasado. Pero la ciudad afirma que los acontecimientos recientes no han cambiado nada.
“No ha habido ningún cambio ni movimiento para aumentar las reducciones después de la decisión de la Corte Suprema o tras la orden ejecutiva de Newsom”, dijo el portavoz de la ciudad, Matt Hoffman. “Por ahora, todo sigue igual”.
En San Francisco, donde la alcaldesa Breed prometió una ofensiva agresiva tras el fallo judicial, la ciudad retiró 82 tiendas de campaña y otras cinco estructuras de las calles durante la semana del 29 de julio al 2 de agosto. Los equipos de lucha contra el fuego interactuaron con 326 personas durante esas operaciones (38 de las cuales aceptaron una cama en un refugio) y arrestaron o citaron a nueve personas, según la ciudad.
Otras ciudades están aprobando o considerando nuevas normas más punitivas como resultado de la orden ejecutiva de Newsom. En Fresno, el Ayuntamiento otorgó la aprobación preliminar el mes pasado a una ordenanza que prohibiría acampar en propiedades públicas en todo momento, informó el Fresno Bee. El condado de Fresno aprobó una medida similar.
El alcalde de Stockton, Kevin Lincoln, dijo en Twitter que la ciudad debe “actuar con urgencia” para garantizar la seguridad pública y, al mismo tiempo, apoyar a los necesitados. Hizo planes para una sesión de estudio público a finales de este mes para discutir cómo la ciudad hará cumplir las ordenanzas contra los campamentos en el futuro.
En Sacramento, la ciudad está distribuyendo volantes para informar a sus residentes sin hogar sobre los cambios que se implementarán en virtud del fallo de la Corte Suprema. Los avisos de color azul claro, titulados “Atención: acampada ilegal”, advierten que las personas pueden ser acusadas de un delito menor por acampar en propiedades públicas.
“Están obligando a alguien bajo amenaza de arresto a empacar y trasladar todas sus pertenencias”, dijo Niki Jones, directora ejecutiva de la Coalición Regional de Sacramento para Acabar con el Sinhogarismo. “Y los cuerpos de las personas literalmente no pueden soportar el estrés físico”.
‘¿A dónde vamos?’
Si bien Newsom ha proporcionado una gran cantidad de dinero para camas en refugios y otros servicios en los últimos años (incluidos mil millones de dólares en el presupuesto de este año para fondos de Vivienda, Asistencia y Prevención para Personas sin Hogar que las ciudades y los condados pueden gastar como consideren conveniente), su reciente orden ejecutiva no incluye fondos adicionales. El año pasado, las ciudades y los condados de California informaron que tenían aproximadamente 71,000 camas en refugios. Necesitarían más del doble de esa cantidad para acomodar a todos los californianos sin hogar.
“La gente se pregunta con razón: ‘¿A dónde vamos?’”, dijo Jones.
Incluso cuando hay plazas disponibles en los refugios, las operaciones de limpieza a menudo no consiguen llenarlas. Santa Cruz, por ejemplo, calcula que entre 30 y 40 personas vivían en el campamento del parque que arrasó en abril. Sólo 16 de esas personas aceptaron un alojamiento en un refugio. Ninguna de las personas expulsadas de la reserva natural aceptó un alojamiento.
Las personas que viven en las calles de Santa Cruz dicen que la policía a menudo les dice que vayan a un campamento autorizado en la propiedad de la Armería de la Guardia Nacional, donde los residentes duermen en tiendas de campaña y reciben comida y duchas. Pero muchas personas ni siquiera lo consideran. Varias personas sin hogar con las que habló CalMatters dijeron que no querían vivir en un lugar con reglas estrictas y toque de queda.
Stephanie Ross, que lleva siete meses viviendo en las calles de Santa Cruz, perdió todo hace poco en una redada. Lo único que le quedó fue la ropa que llevaba puesta: un vestido con estampado de dinosaurios, unos pantalones cubiertos de flores rosas y un suéter que encontró en el suelo. El miércoles se reunió con McHenry para recoger una nueva carpa que reemplazará la que, según ella, fue confiscada por la policía hace unos días.
Ross dijo que no puede concentrarse en buscar un trabajo ni hacer nada más porque está constantemente preocupada por tener que esconder sus mantas y otras pertenencias de la policía. Aun así, le preocupa que las reglas del refugio de tiendas de campaña de Armory la irriten.
“Necesito un poco más de libertad que eso”, dijo.
Demarr Clark, de 42 años, dijo que nadie le ofreció una cama cuando la policía lo echó recientemente de su campamento en la acera frente al refugio de Santa Cruz. Perdió todo lo que tenía, incluida su tienda de campaña, dijo. Después, Clark se mudó al otro lado de la calle con una tienda de campaña nueva que le regaló un amigo.
Clark se crió en Santa Cruz y la ciudad siempre le pareció un lugar donde se podía encontrar un lugar apartado para acampar, dijo. Pero eso está cambiando, dijo. “Parece que ya no lo toleran”.
