Por tercera vez en tres elecciones, a los votantes de California se les está pidiendo requerir cambios a las operaciones en las clínicas de diálisis que ofrecen cuidado vital a 80,000 personas con insuficiencia renal.
La Proposición 29 en la boleta de noviembre requeriría que un doctor, enfermero, o asistente de médico esté presente durante el tratamiento en los 600 centros ambulatorios para diálisis.
Las compañías de clínicas de diálisis dicen que bajo el mandato, entre dos y tres doctores serían requeridos en cada centro porque la mayoría están abiertos al menos 16 horas al día, creando una carga financiera que pudiera llevar a que algunas de las clínicas cierren.
Los defensores insisten que los pacientes de diálisis necesitan más cuidado exhaustivo durante sus visitas regulares.
Es la tercer elección general consecutiva donde a los californianos se les ha pedido votar sobre regulaciones de diálisis. Es una de las preguntas en la boleta más costosas de la historia del estado. Ambos lados han gastado colectivamente más de $90 millones este año, según registros del estado.
Todas las tres fueron impulsadas por uniones que representan a trabajadores del cuidado de la salud. Las dos medidas previas fallaron.
Para mantenerse con vida, los pacientes de diálisis se someten típicamente a tratamientos con una duración de cuatro horas al menos tres veces por semana, durante los cuales las máquinas remueven la sangre del cuerpo del paciente, filtran las toxinas, después regresan la sangre, esencialmente desempeñando de forma temporal las funciones de los riñones pero fuera del cuerpo.
DaVita Inc. y Fresenius Medical Care — dos de los proveedores comerciales de servicios de diálisis más grandes del país — operan alrededor de tres cuartas partes de las clínicas en California.
Los opositores a la Proposición 29 dicen que la mayoría de las clínicas ya ofrecen cuidado de alta calidad y son reguladas por autoridades federales y estatales. Ellos también apuntan que todos los pacientes cuentan ya con un nefrólogo — un especialista de riñones — quien supervisa su cuidado y que los nefrólogos también dirigen cada clínica en California. Ellos dicen que las iniciativas son parte de una táctica para presionar a las compañías de servicios de diálisis para permitir que los trabajadores se sindicalicen.
“Este requisito innecesario costaría cientos de millones en todo el estado, forzando a las clínicas de diálisis en California a recortar servicios o clausurar del todo, complicando el acceso a sus tratamientos para los pacientes — poniendo sus vidas en riesgo”, dijo la campaña por el “No” de la Proposición 29.
Los defensores dicen que es una cuestión de seguridad.
“La mayoría de los pacientes de diálisis son médicamente frágiles y muchas veces tienen otros problemas de salud”, dijo un comunicado de la campaña por el “Sí” de la Proposición 29. “Actualmente, cuando ocurren problemas serios la mayoría de las clínicas solo llaman al 911, lo cual pone a los pacientes en riesgo y contribuye a la saturación de las salas de emergencia”.
En el 2018, la proposición 8, respaldada por la unión, buscó ponerle un tope a las ganancias de las clínicas de diálisis y forzarlas a invertir más de sus ganancias en el cuidado de los pacientes. Los votantes rechazaron la medida, pero no antes de que se convirtiera en la iniciativa más costosa de la boleta de 2018, generando más de $130 millones en gastos de campaña — más de $111 millones de las compañías de servicios de diálisis para matar la iniciativa y alrededor de $19 millones por parte de uniones que la respaldaron.
Dos años después, los votantes rechazaron la Proposición 23, la cual habría hecho mandatos similares a los de la medida de este año.
