El ex supervisor del condado de San Diego, Nathan Fletcher, gastó cientos de miles de dólares de su campaña abandonada para el Senado estatal para pagar su defensa legal en una demanda por presunto asalto sexual, según revelan los informes de finanzas de la campaña.
Los documentos muestran que la campaña de Fletcher pagó a Fisher & Phillips LLP una suma global de $323,220 por "servicios profesionales" a finales del año pasado.
La firma está representando a Fletcher en una demanda presentada en marzo pasado por Grecia Figueroa, ex portavoz del Sistema de Tránsito Metropolitano de San Diego (MTS). La demanda alega que el entonces supervisor del condado agredió sexualmente a Figueroa en múltiples ocasiones.
Fletcher, quien ha negado repetidamente las acusaciones y afirmado que la relación fue consensuada, terminó su candidatura al Senado días antes de que se presentara la demanda.
El uso de fondos de campaña por parte de Fletcher para pagar sus facturas legales en la presunta demanda por agresión sexual podría caer en un área legal gris. La ley estatal requiere que los fondos de campaña se utilicen en gastos razonablemente relacionados con asuntos políticos o gubernamentales, incluso después de que un candidato se retire de una carrera. Expertos en finanzas de campaña dicen que Fletcher podría estar poniendo a prueba esta regla.
Sus acciones también plantean preguntas sobre si es ético utilizar contribuciones de seguidores para defenderse de acusaciones de agresión sexual.
Jim Sutton, el abogado de la campaña de Fletcher, dijo en un correo electrónico que el uso de fondos de campaña es legal porque el gasto está razonablemente relacionado con un propósito político.
"El uso de estos fondos de campaña para luchar contra esta demanda es claramente apropiado y permitido por la ley estatal", escribió Sutton. "La Sra. Figueroa y sus abogados han mencionado el perfil público del Sr. Fletcher como candidato al Senado Estatal a lo largo de sus presentaciones legales".
Sin la candidatura de Fletcher para el Senado estatal, agregó, "no habría demanda".
Sutton dijo que no sabía si Fletcher había pagado otros gastos legales de su propio bolsillo.
Jessica Levinson, una profesora de la Facultad de Derecho de Loyola, dijo que el uso de los fondos de campaña por parte de Fletcher está "potencialmente cruzando las líneas de lo permitido" por la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California (FPPC), la cual hace cumplir las regulaciones estatales de financiamiento de campañas y ética política.
"Creo que hay una verdadera pregunta sobre si este es un uso legal de los fondos de campaña", dijo. "Creo que es justo decir que probablemente no es lo que la FPPC y aquellos que redactaron la ley tenían en mente".
Levinson agregó que es probable que la FPPC tenga que proporcionar más orientación sobre si este tipo de gastos de campaña son permitidos.
La FPPC no suele comentar sobre casos específicos, pero un funcionario abordó preguntas generales sobre el uso de fondos de campaña para honorarios legales.
"En general, un candidato, incluso si se retira de las elecciones primarias, puede gastar fondos de campaña para propósitos razonablemente relacionados con un propósito político, legislativo o gubernamental", dijo Lindsey Nakano, asesora legislativa senior en la FPPC, en un correo electrónico.
Agregó que el uso de fondos de campaña para honorarios de abogados "es permisible si la litigación está directamente relacionada con las actividades del comité de campaña que son consistentes con sus objetivos principales".
"Si la litigación no está relacionada con las actividades del comité/campaña, los fondos de campaña no pueden ser utilizados para pagar los costos legales asociados con esa litigación", dijo Nakano.
Allison Hayward, una ex comisionada de la FPPC, dijo que el uso de fondos de campaña por parte de Fletcher es legalmente turbio. Pero incluso si es técnicamente legal, argumentó, no necesariamente es ético.
"Cuando la gente contribuyó a esta (campaña), estaban contribuyendo para impulsar las ambiciones de alguien como potencial legislador estatal", dijo. "En un momento en el que la gente se ha vuelto muy cínica sobre la política ... los fondos de campaña deberían usarse para campañas".
Sutton no estuvo de acuerdo con esta caracterización.
"Es apropiado porque la ley lo permite específicamente", dijo.
Si Fletcher puede usar legalmente sus fondos de campaña para pagar sus facturas de defensa legal, una ley aprobada en 2019 agrega mayor complejidad a la situación.
Según la ley, un candidato que utilice fondos de campaña para abogados en demandas por agresión sexual, abuso o acoso debe reembolsar a la campaña si son encontrados responsables. Además, al candidato se le prohibiría usar fondos de campaña para pagar una multa, juicio o acuerdo. La ley se aplica a procedimientos civiles, penales y administrativos.
Sentado en una montaña de dinero
Aunque Fletcher abandonó la carrera al Senado hace más de un año, su campaña todavía está en una montaña de dinero.
Fletcher recaudó más de $900,000 en contribuciones desde que se inscribió por primera vez para postularse en 2022. En los meses posteriores a la suspensión de su candidatura, según los informes de finanzas de campaña, devolvió decenas de miles de dólares en contribuciones a algunos partidarios de alto nivel. Pero la campaña retuvo la mayor parte del dinero recaudado.
Luego, en la segunda mitad de 2023, la campaña de Fletcher pagó a Fisher & Phillips más de $323,000 por "servicios profesionales". La fecha del gasto, según el sitio web estatal de finanzas de campaña Cal-Access, se registra como el 28 de diciembre de 2023. Esto representó la gran mayoría de los gastos realizados por la campaña durante ese período de seis meses.
A finales de 2023, la campaña aún tenía más de medio millón de dólares en efectivo. Sutton dijo que no sabía si Fletcher seguiría utilizando fondos de la campaña para sus facturas legales en curso.
Las acusaciones de acoso
Fletcher fue elegido para la Junta de Supervisores del Condado de San Diego en 2018 y nombrado presidente de MTS en 2019. Mientras tanto, Figueroa trabajaba en el departamento de comunicaciones de MTS.
En documentos judiciales, ella y Fletcher reconocen que se cruzaron profesionalmente en MTS y se reunieron al menos en una ocasión fuera del trabajo después de intercambiar mensajes en redes sociales. Pero sus descripciones de esos encuentros difieren drásticamente.
Figueroa afirma que Fletcher comenzó a "acosarla" en redes sociales en 2021 y a enviarle mensajes para encontrarse. Su queja reconoce que se reunió con Fletcher en mayo de 2022 en un hotel donde él se estaba quedando. Según su queja, Fletcher intentó besarla pero ella rechazó sus avances. En los meses siguientes, Figueroa afirma que Fletcher la agredió sexualmente después de dos eventos de MTS.
Figueroa afirma que fue despedida abruptamente el 6 de febrero de 2023, el mismo día en que Fletcher anunció su candidatura para el Distrito 39 en el Senado estatal. Su queja alega que fue despedida porque fue agredida sexualmente por Fletcher y "poseía información que podría ser perjudicial" para él y MTS.
Una investigación independiente encargada por MTS encontró que los funcionarios de la agencia no tenían conocimiento de ninguna relación personal entre Figueroa y Fletcher antes de su despido, y que Fletcher no estuvo involucrado en su terminación.
Fletcher cuenta una historia diferente en los documentos judiciales. Reconoce que los dos tenían una relación pero describe el asunto como consensuado. Desde entonces ha presentado una contrademanda por difamación contra Figueroa, alegando que ella intentó obligarlo a pagar millones de dólares para mantener en secreto su asunto y luego intentó destruir su reputación cuando él se negó. La demanda por difamación no menciona específicamente su campaña para el Senado estatal.
Fletcher se retiró de la carrera al Senado a finales de marzo del año pasado, citando sus luchas con estrés postraumático y abuso de alcohol. Días después, Figueroa presentó su demanda contra Fletcher. Él luego anunció su renuncia de MTS y la Junta de Supervisores del Condado.
